Congreso acuerda por unanimidad tramitar las medidas para combatir las algaradas calljeras

El espíritu de Ermua se instaló ayer en el Congreso de los Diputados y consiguió una votación unánime para modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el propósito de combatir más eficazmente la llamada violencia callejera. Los portavoces de todos los grupos insistieron en que las reformas que penalizan las contramanifestaciones, las amenazas del estilo " ¡ETA, mátalos!" y que intentan implantar juicios rápidos, responden al acuerdo de los partidos de los pactos de Ajuria Enea y de Madrid y negociaron tras el asesinato de Miguel Angel Blanco.

Abrió el debate el diputado del Grupo Popular Gabriel Cisneros, con una, exposición que conjugá la explicación técnica de las reformas, el calado político de las mismas y el poso emocional que 30 años de terrorismo etarra han dejado en la sociedad.Para Cisneros, la proposición de ley firmada por todos los grupos de la Cámara trata de cubrir "lagunas penales que propician la impunidad de algunas conductas merecedoras de reproche penal" y que se inscriben, dijo, "en lo que se ha dado en denominar, con expresión ciertamente paradójica hasta el sarcasmo, terrorismo de baja intensidad". El portavoz popular se refirió a la paternidad de este tipo de terrorismo hablando de "las extraviadas Hitler jungen de Jarrai", estableciendo una comparación entre las juventudes hitlerianas y las de HB.

Cisneros explicó que la reforma del artículo 514 del Código Penal quiere sancionar las lesiones a derechos fundamentales que se producen en las llamadas contramanifetaciones y que una segunda reforma de ese artículo trata de cortar las desobediencias graves a la prohibición de manifestaciones callejeras.

Se reforma también el artículo 160 del Código Penal para suprimir la expresión "amplio grupo de personas" como destinatario de las amenazas, porque, dijo Cisneros, "es obvio que cuando las amenazas se dirigen, por ejemplo, a los concejales de tal o cual partido en un Ayuntamiento, a los redactores de tal periódico o a los magistrados de aquella audiencia, la definición del grupo amenazado poco o nada tiene que ver con el número amplio o reducido de sus integrantes". Cisneros se refirió también a la reforma del artículo 170 del Código Penal, en el que se tipifica "una figura delictiva fronteriza entre la amenaza y la apología del terrorismo"."

Cisneros concluyó afirmando que se habían "limitado a interpretar el silencio angustiado de los vecinos de Ermua" y acabó con una referencia histórica y emocional omnicomprensiva del terrorismo de ETA: "Es históricamente desolador advertir que Miguel Ángel Blanco [concejal del PP de Ermua asesinado por la banda terrorista] y muchas otras víctimas de toda condición, ni siquiera habían nacido aquel infausto 7 de junio de 1968, en el que murieron José Pardines y Txabi Etxebarrieta [guardia civil asesinado y miembro de ETA muerto violentamente en aquella fécha]". "Sería un terrible fracaso", concluyó Cisneros, "no poner término a esta hecatombe ciega y absurda".

Juan Alberto Belloch, en nombre del PSOE, se sumó a la iniciativa destacando que "resulta particularmente repugnante que por parte de ETA se utilice a jóvenes" para realizar actos de violencia callejera y destacó el espíritu de concordia y de unidad, hasta el punto de advertir que aunque a su grupo no le gusta la redacción del texto referida a los llamados juicios rápidos, sólo mantendrán sus, objeciones "en el caso de obtener el consenso de los grupos parlamentarios". Rosa Aguilar, en nombre de IU, insistió en que "se trata de construir la unidad desde algo absolutamente claro, como es la diversidad de opinión y de pensamiento" para "acabar definitivamente con el terrorismo".

Margarita Uría, como portavoz del PNV, destacó que se trata de atajar "esta nueva forma de terrorismo, dada su extraordinaria capacidad para alterar la paz social" y subrayó que en la reforma propuesta por todos "ha primado la prudencia y la serenidad tras numerosas reuniones".