Haber sido militar será requisito para ingresar en cualquier cuerpo policial

El PP quiere asegurar la futura reinserción laboral de los soldados profesionales estableciendo como "requisito indispensable" para ingresar en las policías estatales, autonómicas y locales el haber prestado servicio, voluntario o forzoso, en las Fuerzas Armadas. Así lo propone el documento que el Grupo Popular ha elaborado como borrador del dictamen final de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre profesionalización del Ejército.

"Para ingresar como guardia civil, como policía nacional, en las policías autonómicas y en las policías locales deberá ser requisito indispensable tener cumplido como mínimo un compromiso de corta duración [12 a 18 meses] como tropa profesional o haber realizado el actual servicio militar", afirma el texto.La legislación vigente dispone que la prestación de servicios en las Fuerzas Armadas servirá como mérito para ingresar en los Cuerpos de Seguridad del Estado y en las policías autonómicas. Esta norma se aplica en las convocatorias de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, pero no en las de la Ertzaintza (policía vasca) y los Mossos d'Esquadra (policía catalana). No hay nada regulado respecto a las policías locales.

El documento del Grupo Popular, cuyas líneas maestras adelantó ayer EL PAÍS, insiste en la necesidad de ofrecer "incentivos, además del puramente vocacional, para garantizar que se cumplen los objetivos de reclutamiento" de soldados profesionales. Por ello, además de prever su permanencia en las Fuerzas Armadas hasta la jubilación, como soldados o marineros de carácter permanente, ofrece la posibilidad de acceder a las escalas de mando a través de mecanismos de promoción interna.

A los que tengan que abandonar el Ejército, que necesariamente serán la mayoría, se les ofrece la consideración de su tiempo de servicio "como mérito preferente para el acceso a puestos de trabajo en todas las Administraciones Públicas"; la exigencia del cumplimiento del servicio militar, voluntario o forzoso, como "requisito indispensable" para ingresar en cualquiera de los cuerpos policiales, y la "efectiva valoración" de su experiencia en las Fuerzas Armadas "como mérito a la hora de buscar colocación en el sector privado" mediante la concesión de títulos acreditativos de su formación técnica y profesional.

El texto del Grupo Popular advierte que el periodo de transición desde el actual reclutamiento forzoso al voluntario constituye "un momento crítico", durante el cual "podría producirse una deslegitimación progresiva del servicio militar obligatorio que, de no tomar las oportunas medidas, pondría en riesgo el objetivo propuesto y, en consecuencia, la defensa de España".

Por ello, insta al Gobierno a que dedique "sus mejores esfuerzos" a conseguir que la transición "sea lo más breve posible". En todo caso", agrega, "este proceso deberá estar terminado en su conjunto no más tarde del 31 de diciembre del año 2002".

Como consecuencia de ello, "dejarán de prestar el servicio militar obligatorio los españoles a los que correspondería incorporarse con carácter ordinario [sin disfrutar de prórrogas] a partir del 1 de enero del año 2002; es decir, todos los nacidos con posterioridad al 1 de enero de 1983 [quienes no han cumplido 15 años a lo largo de 1997], no serán llamados a prestar el servicio militar obligatorio".

Por el contrario, advierte, "a los nacidos con anterioridad al 1 de enero de 1983 les seguirá siendo de aplicación la legislación reguladora del servicio militar o la de la prestación social sustitutoria, evitando que su incumplimiento se pudiera convertir en una vía de escape de las obligaciones ciudadanas que perjudicara el desarrollo normal del necesario periodo transitorio [ ... ]"

El documento cifra entre 160.000 y 170.000 los efectivos totales de las futuras Fuerzas Armadas profesionales, "con una tasa de encuadramiento [porcentaje de mandos sobre el total de militares] del 30% como mínimo", lo que se corresponde con los 50.000 oficiales y suboficiales que hay en la actualidad.

El coste de este modelo se estima en 1.250.000 millones, en pesetas constantes de 1998, equivalentes al 1,4% o 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB), que se repartirían a partes iguales entre gastos de personal y material.