Diputadas de todos los grupos piden una ley que combata la violencia doméstica

El asesinato en Granada de Ana Orantes, la última de una lista de 59 víctimas mortales de la violencia doméstica en lo que va de año, provocó ayer una concentración espontánea de las diputadas de todos los grupos en el Congreso para expresar su repulsa y solicitar una reforma legal para combatir los malos tratos a las mujeres. Al acto se sumaron algunos de sus compañeros en los escaños del Congreso. Una diputada de cada grupo tomó la palabra ante los periodistas.María Jesús Sainz, del PP, señaló que las 18.000 denuncias anuales por casos de malos tratos a mujeres sólo son la "punta del iceberg" del infierno que sufren muchas mujeres españolas, y apostó por seguir trabajando para corregir las "disfuncionalidades" judiciales al tratar estos casos, en alusión a que la sentencia de divorcio de la mujer asesinada la obligaba a compartir la vivienda con su ex marido pese a las denuncias por maltrato.

La diputada socialista Amparo Rubiales abundó en esta argumentación destacando que no se pueden adoptar decisiones judiciales que luego provocan tragedias como la de Granada. Su compañera de IU María Jesús Aramburu consideró que es el momento de plantear iniciativas políticas que acaben con la "impunidad" de que gozan los autores de malos tratos.

Carme Solsona, de IU, se refirió a la violencia doméstica como un acto de "terrorismo privado" y se mostró partidaria de reformar el Código Penal y endurecer las penas para estos comportamientos. Por su parte, la peneuvista Margarita Uría insistió en que la violencia doméstica es un problema social que a cada uno compete combatir en la medida de sus posibilidades.

En nombre del Grupo Mixto, Mercè Rivadulla (IC), pidió al Gobierno y al Poder Judicial que adopten iniciativas para dar un tratamiento penal distinto a las amenazas a mujeres.

Las manifestaciones de repulsa al asesinato de Ana Orantes y a la violencia contra las mujeres en general se reprodujeron en los Parlamentos autónomos de Andalucía y Madrid. Fuera del ámbito parlamentario, PSOE e IU emitieron sendos comunicados en los que inciden en la responsabilidad de los jueces.

La secretaría de Participación de la Mujer del PSOE, cuya responsable es Micaela Navarro, pidió que "los fiscales hagan cumplir la ley y que los jueces actúen con criterios más firmes" en los casos de malos tratos a mujeres.

Por su parte, la secretaria de la Mujer de IU; Marisa Bergaz, agregó que sucesos como el de Granada evidencian el "absentismo del poder judicial y gubernamental ante este asunto".

Frente a esta petición de reformas legales que afronten la violencia doméstica, el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, no quiso comprometerse y se limitó a señalar, en la cadena COPE y de forma algo confusa: "Lo que digo es que un caso individualizado de éstos puede no ser la mejor referencia o mejor supuesto tipo de un supuesto de malos tratos, porque yo creo que cualquier excéntrico, en cualquier pueblo de España puede provocar, como de hecho a veces ocurre, una tragedia".