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Tribuna:DEBATE SOBRE EL EMPLEO

La quiebra del efecto Pigmalión

La actitud del Gobierno español en la cumbre de Luxemburgo, afirma el autor, descubre su auténtica estrategia en materia de política de empleo: fiarlo todo al crecimiento económico, haciendo oídos sordos a las opiniones de los expertos que aseguran que eso no es suficiente.

Según la mitología, Pigmalión esculpió una estatua, se enamoró de ella y la convirtió en un ser vivo. La idea de que una persona puede transformar a otra por su fe y confianza en ella, se llama efecto Pigmalión.En 1969, J. Sterling publicó en Harvard Business Review un artículo acerca de la aplicación del efecto Pigmalión en la dirección de organizaciones, que ha alcanzado el carácter de "clásico". Según su punto de vista, la fe y la confianza de los dirigentes modifican positivamente el comportamiento de los dirigidos.

Desde su toma de posesión, el Gobierno se ha dedicado a practicar una acelerada búsqueda del efecto Pigmalión en la sociedad, asegurando en sus discursos qué todas y cada una de sus actuaciones iban dirigidas a la creación de empleo. Daba lo mismo que las medidas fueran dirigidas a desregular el funcionamiento de los servicios funerarios que a modificar la Ley del Suelo. Todo, en la doctrina emanada desde el Ministerio de Trabajo, se aportaba a la retorta de la que, tras hábil mezcla, se precipitaría un resultado en forma de bálsamo de Fierabrás para acabar con el paro, amén de reducir la exagerada temporalidad en la contratación.

El efecto Pigmalión funcionaba hasta ahora. Según el Gobierno, la pertinaz incapacidad de la economía española para combatir el paro habría sido superada como consecuencia de la fe y la confianza que su liderazgo había insuflado en nuestro tejido económico y social.

Bien es, cierto que para que la fórmula surtiera efecto, había sido preciso olvidar el poco trabajado programa electoral del Partido Popular y asimilar fórmulas antes denostadas (por ser defendidas Por otros), como el combate contra las horas extraordinarias. Y el fraude en la contratación, el fomento de los contratos a tiempo parcial, y otras.

Hasta algunas tímidas incursiones se habían percibido en el controvertido campo de la reducción de jornada. Es decir, la sustitución del programa de Gobierno por el de oposición se podía poner en práctica sin mayor problema, dadas las sedantes consecuencias del efecto Pigmalión.

En una era definida por Krugman corno la de las expectativas limitadas, la cumbre de Luxemburgo supone un punto de inflexión en los comportamientos seguidos hasta el momento en este tipo de reuniones, al haber elevado precisamente eso, las expectativas y los compromisos. Por fin se pone el empleo en el frontispicio de una política europea tratando de superar el asfixiante predominio que el economismo ha venido ejerciendo hasta ahora. Podemos percibir que del mismo modo que desde Maastricht los Estados europeos han perseguido el equilibrio de las variables macroeconómicas con vigor para alcanzar los objetivos cifrados, a partir de Luxemburgo se abren expectativas para fijar objetivos concretos en materia de lucha contra el paro. Sin embargo, el Gobierno español no se ha posicionado a favor de este tipo de compromisos.

La decepción que esta posición ha provocado en buena parte de los agentes sociales de nuestro país es manifiesta.

Según datos de la OCDE, el crecimiento acumulado del PIB nominal en España desde 1986 hasta 1996 ha sido del 93%, mientras que en Europa ha sido del 89%, al tiempo que la ocupación en España ha crecido en el mismo periodo el 15%, mientras en Europa lo hacía en un 4%. Apesar de todo, España está lejos de converger en términos reales en materia de empleo. Un cálculo elemental sobre cuánto debemos crecer de media en los próximos diez años para equipararnos a la tasa de paro de la Unión Europea, nos dice que deberíamos crecer entre el 4,5% y el 5%, cuando la media europea estimada para los próximos diez años difícilmente superará el 2,5%.

Por otra parte, el gasto público dedicado en España a las políticas activas de empleo es el 0,72% de su PIB, lo que le coloca en el pelotón de cola entre los países de la OCDE.

Si esto es así y si, por lo tanto, la convergencia real en términos de empleo difícilmente se logrará por la vía del crecimieno económico, no se acaba de comprender ni de lejos la actitud del Gobierno español en la cumbre de Luxemburgo.

Más incomprensible resulta todavía escuchar que España no e puede permitir dedicar el dinero de las privatizaciones al empleo, a no ser que al realizarlas los portavoces del Gobierno español estén poniendo de manifiesto una notable falta de sensibilidad hacia el problema que atenaza a nuestra sociedad, cuando hemos visto que otros países con un menor nivel de paro han sabido utilizar el proceso de privatizaciones para, mediante impuestos especiales, financiar programas de empleo juvenil. Y tampoco se comprende que España no pueda. dedicar mayores presupuestos a la lucha contra el paro cuando la posible modificación en el IRPF puede suponer un descenso en los ingresos públicos de 1,4 billones de pesetas.

La actitud del Gobierno español en la cumbre de Luxemburgo nos descubre su auténtica estrategia en materia de política de empleo: fiarlo todo al crecimiento económico, haciendo oídos sordos a las opiniones de los expertos que aseguran que eso no es suficiente tal como lo acreditan los resultados empíricos.

Sólo cabe esperar que el Gobierno rectifique y que se plantee con seriedad y en colaboración con los agentes sociales algún tipo de medidas, entre las que me permito citar las siguientes:

- La reducción de la jornada pactada en convenio.

- La desaparición paulatina de las horas extraordinarias remuneradas.

- El reparto del trabajo ofensivo mediante la organización más eficiente de la empresa y la creación de nuevos turnos en aquellas donde fuera posible.

- El fomento de la contratación a tiempo parcial.

- El fomento de los contratos de sustitución de los trabajadores mayores de 60 años por trabajadores menores de 25 años, arbitrando para ello un gravamen especial para subvencionar estos supuestos.

- El fomento decidido de los nuevos yacimientos de empleo en actividades de cercanía.

- El apoyo a las empresas de la economía informal que deseen regularizar su situación.

- El abaratamiento de las cargas sociales de los trabajadores menos cualificados.

- El fomento de la economía de la participación, incentivando fiscalmente a aquellas empresas que quieran establecer mecanismos que impulsen una mayor implicación de los trabajadores en el mundo de la empresa.

- La mejora de los servicios de intermediación y orientación profesional.

Eso sí, una vez que rectifiquen (que rectificarán), habrá quedado claro que las propuestas en ningún caso han partido de su iniciativa. Bien al contrario, el Gobierno español nos ha recordado el aforismo que dice: "Puedes estar seguro de llevar el camello al abrevadero. Lo que no es seguro es que el camello beba". Esta vez no ha bebido.

Francisco Egea García es consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de diciembre de 1997

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