Escepticismo judicial ante la idea de privatizar las pujas para acabar con los subasteros

La privatización de las pujas que ha propuesto el juez decano, Fernando Fernández, "no servirá para acabar con los subasteros [el grupo de personas que amaña las pujas y acapara los cientos de pisos baratos que se licitan todos los años en la plaza de Castilla]" sostienen jueces de Madrid con muchas subastas a sus espaldas. La propuesta del decano, que se llevará a cabo en febrero, consiste en dejar en manos de una empresa privada, bajo supervisión judicial, la gestión y publicidad de las subastas de pisos que los magistrados embargan a sus dueños morosos a instancias de los bancos.

"Acabar con los subasteros y, en consecuencia, facilitar el acceso a pisos baratos de personas humildes y necesitadas de un hogar, no es algo que dependa sólo del volumen de publicidad", afirman jueces expertos en pujas. "La publicidad, hoy por hoy, es suficiente: hay anuncios en prensa, en revistas, en el BOE. Es necesario modificar la ley y que se den más facilidades y ayudas económicas a los pujadores de buena fe", señalan estos medios.La concurrencia de personas siempre es un obstáculo para los subasteros, pues evita que éstos se compinchen para no hacerse competencia y adjudicarse así los pisos al precio más bajo posible.

"En una subasta es factible adquirir un piso un 30% más barato que en el mercado. Pero la publicidad por sí sola no es suficiente" subrayan estos medios. La experiencia lo demuestra: ahora acude más gente de buena fe a las subastas, pero son tantas las trabas que hallan, que terminan por desistir. Para que esto no ocurra, sugieren "modificar la ley, en el sentido de que se permita al postor ver el piso antes de que se celebre la subasta y salir del juzgado con las llaves en la mano". Ahora, los jueces adjudican los pisos con sus dueños, o con los inquilinos, dentro. Y éstos no están obligados a enseñárselos a nadie, ni los jueces pueden obligarles.

Éstos son algunos de los argumentos en que se basan algunos jueces de primera instancia de la plaza de Castilla para aventurar que la propuesta del decano será estéril si únicamente se ciñe a encomendar a una empresa privada la gestión publicitaria de las subastas. Recuerdan estos medios el fracaso de la oficina que se creó hace tres años en los juzgados de Madrid (y que aún funciona), para informar a los ciudadanos de los pasos que debían dar con vistas a intervenir en una puja.

Esta oficina fue una idea de la ex decana de los jueces Manuela Carmena, que se puso en marcha con la ayuda y financiación del Colegio de Abogados y la Comunidad de Madrid. Nació con varios cometidos: asesorar a los interesad os de buena fe y anunciar las subastas con vistas a aumentar la concurrencia (El PAÍS, y otros periódicos publican cada dos semanas los listados). Se pensó que de esa forma acudiría más gente a las subastas y los profesionales no podrían actuar a sus anchas.

Oficina fracasada

Los dos primeros cometidos de esa oficina se han cumplido, con creces (miles de personas han pasado ya por ella), pero el fin último, acabar con los profesionales y favorecer el acceso a las subastas de personas de buena fe, ha sido un fracaso, reconocen fuentes jurídicas. De hecho, al acceder al cargo, el actual decano se planteó incluso su desaparición.Dado que la oficina no ha impedido las actividades de los subasteros, el decano, con el apoyo de unos jueces y el escepticismo o, desacuerdo de otros, propuso recientemente la privatización de las subastas. Su idea es que una empresa privada gestione la publicidad y luego desarrolle la puja; eso sí, bajo la supervisión de los jueces. Esa empresa ya existe, se llama European Auction, y está previsto que en febrero licite, a modo de experiencia piloto, un lote de 70 inmuebles embargados por entidades bancarias a sus dueños. Sólo unos cuantos jueces respaldan esa idea. Otros la consideran ineficaz y se han desentendido del proyecto.

Entienden que la única solución pasa por modificar la ley y que la Administración arbitre ayudas para las personas sin recursos que pretendan adjudicarse un piso barato. Ya que el procedimiento actual es complejo y causa recelo: para participar en una puja sobre un piso que, por ejemplo, sale a subasta por ocho millones de pesetas, lo primero que debe hacer el postor es ir al banco y consignar un 25% de ese valor. Si por casualidad se lo llegara a adjudicar, pongamos por esa misma cantidad, luego dispondría de sólo ocho días para entregar en, el juzgado el resto del dinero.

"Habría que ampliar ese plazo", sostienen las citadas fuentes judiciales. "¿Qué banco o caja hipoteca a alguien, en menos de ocho días, un inmueble, y más aún si acaba de ser adjudicado en una subasta?", se preguntan estas fuentes. "El papeleo suele tardar más tiempo: notario, registro, peritación del inmueble. Otra posibilidad sería, en el caso de Madrid, que la propia comunidad autónoma avalase a esa persona ante el banco", sugiere un experto en pujas.

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