El PP logra con apoyo de IU que el Parlamento envíe al fiscal general las cuentas de la Expo

El PP consiguió ayer que el Parlamento aprobara una ampliación de la fiscalización de la Expo 92, que muy probablemente ocupará otros dos años al Tribunal de Cuentas y mantendrá vivo el debate político sobre la gestión de la Exposición Universal de Sevilla. Con el apoyo de IU, el PP logró un acuerdo por el que las Cortes enviarán al fiscal general del Estado el informe del Tribunal de Cuentas, para que estudie posibles infracciones penales.Con el volumen de datos y averiguaciones solicitadas ayer por la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, el PP ha convertido a ese órgano parlamentario en una especie de comisión de investigación, sin llamarla así y sin tener que hacer frente a los inconvenientes que les podría deparar una auténtica comisión parlamentaria. Así, el PP evita que sean llamadas a declarar personas a las que podrían convocar otros grupos políticos en contra de los intereses del PP, mientras que la información solicitada al Tribunal de Cuentas va a justificar durante un largo periodo el juicio crítico sobre la gestión de la Expo bajo gobiernos socialistas."

El propio portavoz del PNV, Jon Zabalía, que era partidario de una comisión de investigación, reprochó al PP que estén "desvirtuando" la comisión para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, porque no se debe, arguyó, mantener una línea de investigación al servicio de "un investigador privado". Una alusión directa, aclaró en privado, al diputado popular Andrés Ollero.

El portavoz socialista Sergio Moreno subrayó que las propuestas del PP persiguen convertir el debate sobre la Expo en una investigación parlamentaria, para lo cual se retuerce el papel del Tribunal de Cuentas. Moreno invocó que el informe del Tribunal señala que las actuaciones de la Expo estuvieron sometidas a la legalidad, y enfatizó que sólo una "interpretación malsana" puede presentar como desviación de dinero público lo que son discrepancias de criterios contables en tres operaciones.

El representante del PP, Diego Jordano, fundamentó la ampliación de información en que los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se ha utilizado el dinero público, máxime cuando se ha constatado que en la Expo "se gastó sin freno, se compró a precio más caro" y se pagaron servicios de dudosa utilidad. Los populares citaron en sus iniciativas de investigación al consejero delegado de la Expo Jacinto Pellón y al comisario Emilio Cassinello, y no a Manuel Olivencia, primer comisario de la muestra.

El portavoz de IU, José Luis Centella, reprochó a PP y PSOE su oposición a crear una comisión de investigación. CiU, representada por Salvador Carreras, consideró más importante trabajar mirando hacia el futuro que remover el pasado, y estimó que el informe del Tribunal de Cuentas ya ha dado de sí todo lo que debía poniendo de manifiesto "una gestión inadmisible".

La comisión mixta acordó, por unanimidad, que el Tribunal de Cuentas fiscalice a Agesa, la sociedad que heredó y liquidará la Expo, desde 1993 hasta 1997. En relación con la sociedad gestora del V Centenario del Descubrimiento de América, la comisión recaba un informe específico sobre los pagos de servicios prestados por consultores y profesionales independientes, "evaluando la oportunidad y eficacia del gasto".

El Tribunal de Cuentas tendrá asimismo que evaluar, en la gestión de la Expo, la "oportunidad y eficacia de los gastos de asesoramiento por importe de 4.469 millones de pesetas, y las actividades escénicas, por importe de 7.381 millones". En su informe deberá detallar las empresas y particulares que hayan percibido esas cantidades.

Indemnizaciones

Las propuestas del PP, todas ellas aprobadas, requieren a la agencia tributaría para que analice las emisiones de pagarés que realizó la Expo y "las demás actuaciones de trascendencia fiscal". Esta iniciativa contó con el respaldo de CiU e IU, mientras que los populares sólo contaron con el apoyo de IU para solicitar a los servicios jurídicos del Estado que estudien el ejercicio de la acción civil de responsabilidad contra los administradores de la Expo -entre otros casos citan las indemnizaciones por finalización de contrato cobradas por Pellón y Cassinello- así como para que el parlamento remita al fiscal general del Estado el informe del Tribunal de Cuentas y los diarios de sesiones de la comisión, "a fin de que estudien las posibles infracciones penales" cometidas en la Expo.