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Editorial:

Caso por caso

EL MINISTERIO del Interior anunció ayer -24 horas antes de la reunión concertada entre Aznar y Almunia para abordar asuntos de terrorismo, entre otros- el traslado de 15 presos de ETA a cárceles más cercanas al País Vasco, el alejamiento de otro por motivos disciplinarios y la concesión del régimen de tercer grado a otros dos. Se pone así en práctica una política activa penitenciaria que persigue la reinserción de todos aquellos que quieren desmarcarse de la banda. En los últimos 18 meses se ha trasladado a 60 presos en el marco de un programa individualizado sobre el que no hay discrepancias entre los dos grandes partidos políticos.Los partidos democráticos, sean nacionalistas o no, han convenido durante los últimos años en que el alejamiento del País Vasco de los reclusos de ETA, que tuvo sentido dentro del plan de dispersión, se ha convertido en una medida que dificulta la reinserción. Porque castiga a los familiares y en muchos casos los hace más dependientes de las organizaciones montadas por el entorno de ETA para las visitas a las cárceles. El acercamiento individualizado se frenó a raíz del secuestro de Ortega Lara y del asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco. Ambas acciones criminales invocaron el agrupamiento de los presos etarras en las prisiones del País Vasco y consiguieron justamente el efecto contrario: paralizar cualquier plan en esta dirección.

Superada la retórica de un reagrupamiento generalizado en apelación a los derechos humanos -como pretenden los propagandistas del terror- y dictada la sentencia del Tribunal Supremo que condena a siete años de cárcel a los 23 miembros de la Mesa de HB por colaboración con banda armada, Interior ha recuperado la iniciativa para restablecer la política del acercamiento caso por caso, como una fórmula más para evitar el desarraigo y favorecer la reinserción.

Cabe esperar que con la decisión anunciada ayer quede superada una polémica en la que los nacionalistas vascos amenazaron incluso con llevar al Gobierno español ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y que se sienten las bases para un mayor consenso sobre la política antiterrorista. No en balde, ETA utiliza recurrentemente a sus presos para crear contradicciones entre las fuerzas democráticas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de diciembre de 1997