La fiscal general de EE UU no cierra aún el caso de la financiación

Janet Reno, vituperada por los republicanos, en desacuerdo con el director del FBI y enfrentada a graves divisiones en el seno de su departamento, insistió ayer en que sus investigaciones sobre el escándalo de la financiación electoral no están cerradas. Aunque ha exculpado a Bill Clinton y Al Gore por las llamadas telefónicas en busca de fondos efectuadas desde la Casa Blanca, la fiscal general y titular del Departamento de Justicia afirmó que sigue otras pistas. La más importante es la que conduce al secretario (ministro) de Interior, BruceBabbitt.

Reno también insiste ahora en que el presidente y el vicepresidente norteamericanos no están por completo a salvo de ser inculpados. Sus investigaciones, asegura, intentan determinar si exisitió "una gran conspiración de altos cargos para violar las leyes federales".Un comité de la Cámara de Representantes ha citado el próximo martes a Reno y a Louis Freeh, el director del FBI. El comité, dirigido por legisladores republicanos, quiere saber cuál es la naturaleza exacta de sus diferencias. Freeh no oculta su desacuerdo con la decisión de la fiscal general de dar por cerrado el capítulo del escándalo relativo a Clinton y Gore; en su opinión, debería haber sido puesto en manos de un fiscal independiente.

Mientras fuentes de la Casa Blanca que no quisieron ser identificadas acusaron ayer a Freeh de "deslealtad" al presidente, Janet Reno intentó minimizar sus diferencias con el director del FBI y aseguró: "Trabajar con él es un placer".

A los muchos elementos escandalosos o pintorescos del caso de la financiación de la campaña para la reelección, en 1996, de Clinton y Gore -las llamadas desde la Casa Blanca, los cafés en la residencia presidencial, la cesión del dormitorio Lincoln a los donantes más rumbosos, la posible implicación indirecta de China, la presencia de Gore en un acto recaudatorio en un templo budista,...- se sobrepone ahora el denominado asunto de los casinos indios.

Los casinos de juego se han convertido en el principal recurso económico de las desdichadas comunidades de habitantes aborígenes de Estados Unidos. Pues bien, Babbitt, el secretario de Interior, está acusado de haberle negado a tres tribus indias de la rama Chippewa el derecho a abrir casinos en sus territorios en Wisconsin, y ello porque el Partido Demócrata recibió dinero para su campaña electoral de tribus indias rivales.

Opuestas, por razones de competencia, a que los Chippewa abrieran casinos en sus tierras, varias tribus vecinas se pusieron en contacto en 1995 con el lobbysta y recaudador de fondos demócrata Patrik O'Connor. Éste les dijo que usaría sus influencias en la Casa Blanca siempre y cuando los interesados contribuyeran a la próxima campaña electoral del Partido Demócrata.

Casinos indios

En julio de 1995, el Departamento de Interior, que dirige Babbitt, negó las licencias de apertura de casinos a los Chippewa. Días después, las tribus apadrinadas por O'Connor ingresaron un mínimo de 270.000 dólares (40 millones de pesetas) en las arcas electorales demócratas.El Departamento de Justicia investiga esa historia y Reno, su titular, debe decidir a mediados del próximo febrero si considera que hay razones suficientes para ponerla en manos de un fiscal independiente. El hecho de que haya exonerado a Clinton y Gore por el asunto de las llamadas no significa que el secretario de Interior vaya a tener la misma suerte.

La máquina puesta en pie hace un año por el Departamento de Justicia sigue trabajando en el escándalo de la financiación, insiste Reno. Se trata de unos 120 abogados y agentes del FBI, que ya han estudiado un millón de páginas de documentos diversos y han citado a declarar a medio millar de personas.

La fiscal general, acusada de partidismo por los republicanos, dice que, aunque ha archivado el asunto de las llamadas, esos 120 abogados se concentran en otras prácticas y transacciones. Para empezar, siguen investigando a los oscuros recaudadores asiáticos del Partido Demócrata como Charlie Trie y Johnny Chung. Esos recaudadores obtuvieron fondos electorales de personalidades, asociaciones y empresas extranjeras y pudieron ser empleados por China para inyectar dinero en la campaña de 1996.

[Por otro lado, el congresista republicano Terry Everett acusó ayer al presidente Clinton de haber aceptado una contribución económica para su campaña a cambio poder ser enterrado en el cementerio nacional de Arlington, donde reciben sepultura las principales figuras de EE UU y los caídos en combate, sin tener derecho a ello, informa la agencia Reuters. Everett, miembro de la Cámara de Representantes por Alabama, aseguró que Larry Lawrence, ex embajador norteamericano en Suiza e inhumado en Arlington en 1996, no sirvió en la marina mercante ni fue herido durante la II Guerra Mundial, en contra de lo alegado por la Administración.]