Píldora de la libertad

ES UN principio admitido en rnedicina que siempre debe concederse prioridad a la intervención menos invasiva, aquella que, sin perder valor terapéutico, implique menos riesgos y molestias para el paciente. Este principio es el que ha hecho posible que muchas intervenciones que antes requerían anestesia general y largas horas de quirófanos se hagan ahora con idéntico o incluso mejor resultado mediante laparoscopia. Una vez admitida en nuestro reglamento jurídico la posibilidad de interrumpir el embarazo en determinadas circunstancias, el aborto debe ser abordado como una intervención sanitaria más. No hay razón alguna para que no se aplique en este caso el principio del mínimo daño.La píldora RU-486 se ha revelado como una opción menos invasiva que el aborto quirúrgico; por eso debe ser considerada como muy acertada la resolución de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que insta al Gobierno a eliminar las barreras para que la píldora pueda comercializarse en España, como ya se hace en otros países. La píldora abortiva inhibe la acción de la progesterona, una hormona que el organismo segrega cuando se fecunda el óvulo para facilitar que el embrión anide en el útero.

Para la mujer que se ve en la necesidad de interrumpir un embarazo no deseado, el aborto constituye siempre una experiencia dolorosa. Los métodos quirúrgicos que ahora se utilizan, aunque seguros y eficientes, no dejan de suponer un trauma y no están tampoco exentos de riesgos. Los detractores de la píldora, que casi siempre coinciden con los detractores de la libertad de la mujer para interrumpir el embarazo, alegan que ésta tiene efectos secundarios. Los estudios realizados indican que éstos son perfectamente asumibles, y así lo entienden las comisiones científicas que han avalado su uso en otros países. Pero, como en cualquier otro procedimiento médico, el hecho de que sean asumibles no quiere decir que no deban tomarse las precauciones necesarias. Parece razonable que la prescripción de la píldora abortiva quede restringida, como propone la Comisión de Sanidad, al ámbito hospitalario, puesto que entre los posibles efectos secundarios pueden darse pequeñas hemorragias o restos de gestación que deben ser extraídos. La aplicación de la píldora deberá calibrarse en cada caso, teniendo en cuenta la situación de la usuaria y los riesgos que para ella impliquen otras opciones a su alcance.

Todos los partidos que impulsaron la propuesta en la comisión estuvieron de acuerdo en que la píldora se dispense únicamente en los hospitales y sólo para los casos de interrupción del embarazo previstos en la legislación vigente. Pero el PP quiso imponer un tercer requisito: "La existencia de informes previos de las autoridades científicas sobre las consecuencias que podrían derivarse para las pacientes". Sería lamentable que el PP, obligado a votar a favor de la propuesta para no quedar en minoría, utilizara la estrategia de la obstrucción para evitar que el mandato parlamentario se cumpla. Retrasar una opción segura, no traumática y mucho más barata que el aborto quirúrgico sería injustificable.