Retroceso afortunado

LA DECISIÓN del Consejo de Política Fiscal y Financiera de suavizar el llamado medicamentazo reduciendo el número de productos farmacéuticos excluidos de la Seguridad Social de 500 a 200, y promover, como base del ahorro sanitario, una reducción de los precios de las medicinas de entre el 3% y el 6%, es una afortunada rectificación de los planes iniciales defendidos por el Gobierno, y como tal debe ser saludada. En este aspecto, el nuevo modelo de financiación sanitaria pactado con las comunidades autónomas permitirá, si llega a ponerse en práctica en todos sus términos, abaratar el coste de las medicinas para todos los bolsillos y, sobre todo, garantizar unos ahorros para el conjunto del sistema que solamente con la exclusión anunciada de los 500 medicamentos no estaba asegurado. Tanto los ciudadanos como el propio sistema resultan más beneficiados con este procedimiento que con el medicamentazo a secas.La nueva fórmula de financiación sanitaria incluye finalmente un aumento de recursos en 1998 de 315.000 millones, de los cuales unos 65.000 millones se conseguirán mediante la citada rebaja de precios y la exclusión de medicinas financiadas por la Seguridad Social. El acuerdo tiene dos graves problemas políticos que el Gobierno no ha sabido resolver. El primero es que favorece abiertamente a Cataluña y, en general, a las comunidades que tienen transferidas competencias de Sanidad, en detrimento comparativo con el resto; ni Rato ni Romay han sido capaces de evitar la imagen de que el medicamentazo y toda la parafernalia negociadora con las comunidades autónomas se ha montado para favorecer a sus socios catalanes. El segundo problema es que el Gobierno prometió financiación adicional para la sanidad en 1998, y lo que hasta el momento ofrece, al menos parcialmente, es ahorro y recorte de gasto, tanto en el coste de los medicamentos como en la persecución del fraude por incapacidad laboral. De forma que los 65.000 millones obtenidos por esta vía están condicionados al éxito de programas que nunca se consiguen al ciento por ciento. El origen de la financiación nueva es desconocido.

La pretensión de conseguir un recorte en los precios de entre el 3% y el 6% requiere algo más que una mera declaración de intenciones; exigirá, probablemente, una negociación directa y dura con las empresas. En ningún caso puede ser una imposición a palo seco. Sería una ingenuidad negar que Sanidad ha manejado públicamente el globo sonda de la retirada de los 500 medicamentos como amenaza poco disimulada al sector farmacéutico. Sin embargo, si bien el modelo de financiación elegido es mejor que la mera exclusión, la forma en que se ha planteado es, de nuevo, confusa e irrespetuosa para con las empresas afectadas. Parece una provocación innecesaria a un interlocutor ya de por sí difícil el hecho de que Farmaindustria se haya enterado por la prensa de las nuevas condiciones de financiación.

Hay margen suficiente, a pesar de las torpezas políticas, para que esa negociación concluya con éxito. La existencia de un amplísimo mercado cautivo en España controlado por Farmaindustria y la evolución creciente del gasto farmacéutico permiten que la industria pueda soportar sin graves daños rebajas de precios. Falta que las conversaciones se inicien con la mayor diligencia.