Los socialistas lusos atajan con vigor la corrupción, escarmentados por la "desastrosa" experiencia española
Un estricto sentido de la ética política provocó hace una semana la inminente y ejemplar dimisión del número dos del Gobierno socialista luso, Antonio Vitorino, y una inmediata crisis política resuelta en pocas horas por el primer ministro Antonio Guterres. Frente a las graves consecuencias que los casos de corrupción han deparado a sus vecinos y correligionarios españoles, los socialistas portugueses han reaccionado con contundencia y han evitado que la más leve sospecha salpicara la credibilidad del Ejecutivo.Dirigentes socialistas lusos han reconocido que la "desastrosa" experiencia de sus colegas españoles ha sido "un modelo a no seguir". Y, seguramente, la cercanía de ese mal ejemplo les ha conducido a reaccionar con firmeza ante cualquier atisbo del más mínimo indicio de corrupción. Al menos, eso es lo que se desprende de la actitud demostrada por la reciente dimisión del ex número dos del Gobierno luso.
Militante socialista desde los 16 años, abogado y ex magistrado del Tribunal Constitucional, Antonio Vitorino forzó una rápida y profunda remodelación gubemamental por el supuesto impago hace ocho años de un impuesto municipal "anacrónico y a punto de desaparecer", según el propio presidente de la República, Jorge Sampaio. Sin embargo y ante el daño que pudiera provocar al Gobierno por esas sospechas, Vitorino juzgó "imposible ejercer cualquiera de sus funciones públicas", por lo que hizo inmediata su "renuncia al acta de diputado y a la consiguiente inmunidad parlamentaria hasta el total esclarecimiento" del caso.
Su actitud forzó la renuncia de otro destacado dirigente socialista, el ex gobernador civil de Beja, António Saleiro, supuestamente involucrado en una oscura venta de terrenos, y ha comprometido seriamente la nueva candidatura a las próximas elecciones municipales del 14 de diciembre del alcalde de Cascais, José Luis Judas, quien reconoció haberse olvidado de pagar durante dos años otro tipo de impuestos al fisco.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional devolvió a la Asamblea de la República la polémica Ley de las Regiones por considerar "inconstitucional" un artículo aprobado en el pleno que permitía variar las fronteras de sus demarcaciones, una vez que hayan sido aprobadas en referéndum. El presidente Sampaio no promulgó la ley y la elevó al máximo tribunal por albergar serias dudas sobre este asunto.
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