Colombia convierte la extradición en un debate entre 'progringos' y 'pronarcos'

Con un final prácticamente anunciado se inició ayer en el Congreso colombiano el último debate para tratar de revivir la extradición, prohibida en la Constitución de 1991. Antes de entrar en el salón de Plenos de la Cámara baja, la mayoría de los representantes daban por seguro que el proyecto de reforma sería aprobado tal y como lo fue ya en el Senado: una extradición con la prohibición expresa de aplicarse con retroactividad.

Dejando a un lado el análisis jurídico, el debate que vive el país se limita a acusar de progringos a quienes apoyan la extradición y de pronarcos a quienes la critican. Ayer, varios sindicatos denunciaron la extradición como una gran violación de los derechos humanos. Lo hicieron con un anuncio de media página en los principales diarios del país.En los últimos días ha habido también una fuerte presión por parte de los grupos económicos. Hay temor, porque EE UU ya ha anunciado que si hay extradición "con dientes", como se llama a los condicionamientos, Colombia tendrá el año próximo, otra vez, una mala nota en su lucha contra el narcotráfico, y esta vez no escapará de fuertes castigos económicos. "Se está jugando la supervivencia del país", afirmó César González, presidente del Consejo Empresarial.

El Gobierno se adelantó ya a las críticas. que le lloverán si se aprueba la extradición. "El Ejecutivo y el Legislativo son dos poderes completamente independientes", afirmó el ministro del Interior, Carlos Homes Trujillo. Hasta el último momento, la posición del Gobierno, al menos de casa para fuera, ha sido que se elimine la prohibición a la extradición y se deje a una ley posterior la delimitación de su alcance.

Ayer, la expectativa mayor era si estaba o no inhabilitado para intervenir el representante Jairo Chavarriaga, uno de los ponentes del proyecto. El representante liberal, uno de los mayores defensores de la idea de la extradición sin retroactividad, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. En vísperas del debate, Chavarriaga permaneció nueve horas declarando en la Corte Suprema de Justicia dentro de una investigación que le vincula con los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, hoy en prisión.

La extradición ha sido una piedra en el zapato para el Gobierno del presidente Ernesto Samper. Durante tres años ha mantenido una posición ambigua frente al espinoso tema. Para los analistas es la más dura prueba para este Gobierno, que deberá mostrar todas sus dotes de malabarista para salir airoso: tratar de no molestar a EE UU, que no acepta una extradición con condicionamientos, y no afectar tampoco su compromiso con los narcos que le financiaron.