Una enmienda en la Ley del Suelo prohibirá edificar en zonas de avenidas de agua

El Gobierno modificará el proyecto de Ley del Suelo que se tramita en la Comisión de Infraestructuras del Congreso para que se declaren zonas no urbanizables aquellas sobre las que existan riesgos de avenidas de agua. Esta iniciativa fue anunciada ayer en el Senado por el director general de la Vivienda, Fernando Nasarre, durante unas jornadas sobre prevención de riesgos naturales. Nasarre dijo que la modificación se introducirá el jueves como una enmienda transaccional. El acuerdo se produce tras las riadas que causaron 24 muertos en zonas urbanizadas de Badajoz.

La sala internacional del Senado se hizo ayer pequeña para acoger a más de 450 geólogos, hidrólogos, ingenieros de montes y de caminos, investigadores, directores generales y consejeros de autonomías a quienes había convocado la Cámara para reflexionar sobre las inundaciones catastróficas que han afectado en los últimos dos años a varias zonas de la Península, entre ellas Badajoz.La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, reclamó la cooperación entre las instituciones estatales, autonómicas y locales para poner los medios que las eviten o mitiguen.La ministra anunció que en el proyecto de reforma de la Ley de Aguas que promueve su ministerio se pretende incluir la obligación de que las confederaciones hidrográficas faciliten a las comunidades y municipios el mapa de las zonas de riesgos catastróficos y lo tengan en cuenta en su planificación urbana. También dijo que en la reforma de la Ley de Impacto Ambiental se promoverá la exigencia de que para determinados usos del suelo se pida un estudio previo de impacto ambiental de las áreas inundables o proclives a otros riesgos.

Aparte de estas promesas, la única medida fehaciente que llegó a oídos de los asistentes a las jornadas fue la citada inciativa del director general de la Vivienda, Fernando Nasarre, dependiente de Fomento.

Traslado a las regiones

Nasarre anunció que el Grupo Popular propondrá el próximo jueves en la Comisión de Infraestructuras del Congreso que la enmienda transaccional modifique el proyecto de Ley del Suelo en su artículo noveno, para que se declaren suelo no urbanizable las áreas protegidas o inundables. "Pero tendrán que ser las comunidades autónomas las que trasladen ese criterio básico a sus planes de ordenación del territorio", precisó.Según Josep María Llop Torné, presidente de los Arquitectos Urbanistas de Cataluña y responsable del plan urbanístico de Lleida -también de la regeneración de la ciudad tras las inundaciones del Segre el 4 de noviembre de 1994- la mayoría de los planes no incluyen las zonas de riesgo, algo insólito en un país donde estos fenómenos de inundación son recurrentes. Según Francisco Ayala, del Instituto Geominero, causan al año unas pérdidas 35.000 millones de pesetas y 20 víctimas mortales de media.

Es el riesgo natural más dañino para las personas y la economía de España. José DoIz Ripollés, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Cataluña, destacó que en el litoral mediterráneo más del 70% de las precipitaciones anuales son aportadas por el 25% de los días de lluvia. En el caso del litoral catalán, el 80% de las avenidas se dan entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre.

Para el geólogo Andrés Diez Herrero, autor de un modelo sobre el riesgo de inundaciones en la población abulense de Navaluenga, tanto la Ley de Aguas como el Reglamento Público Hidráulico prohíben los usos urbanísticos en los cauces y áreas inundables, pero ni los ciudadanos los respetan no los Ayuntamientos exigen su cumplimiento.

De hecho, el barrio Cerro de Reyes (Badajoz), que sucumbió a la avenida de un arroyo, estaba levantado ilegalmente en un cauce. Primero se construyeron chabolas, luego se reformaron y se transformaron en viviendas de calidad que más tarde legalizó el Ayuntamiento. La Confederación Hidrográfica del Guadiana se vio forzada a canalizar el cauce con cemento para impedir que las construcciones lo invadieran.En estas jornadas de dos días organizadas por el senador del PP Clemente Sanz Blanco, presidente de la Comisión para la prevención de catástrofes, los ingenieros de montes reclaman la dotación de las divisiones hidrológico -forestales creadas en 1901 con el fin de restaurar la cubierta vegetal de los suelos degradados. Entienden que contribuye a paliar fenómenos torrenciales, y que su desaparición en 1972 ha dejado abandonado el control y seguimiento de las obras hidrológico-forestales en las cuencas de régimen torrencial.Al hilo de episodios de inundaciones, se destacó el caso del área metropolitana de Barcelona, que agrupa a 25 municipios sobre 47.000 hectáreas. Ni las infraestructuras ni el urbanismo desplegado en los años cincuenta tuvieron en cuenta la fragilidad del subsuelo, con una pendiente entre el 1,5 y 3%. Las escorrentías torrenciales y el nivel freático de los acuíferos, unidos a la ocupación de todo el territorio, colocan a esta zona como una de las más vulnerables del Mediterráneo.