300 mayores estrenarán el 'bono-residencia' que subvenciona plazas en centros concertados

La Consejería de Sanidad y Servicios Socia les pondrá en marcha en 1998 los bono-residencia como ayuda a los mayores que, por su nivel de ingresos, se quedan fuera de los baremos de las plazas públicas y, sin embargo, no pueden abonar el coste de un centro privado. La medida se enmarca dentro del Plan de Mayores, que será aprobado antes de fin de año. La consejera Rosa Posada cuenta con 268 millones del dinero que manejará su departamento en 1998. Con ellos pondrá en marcha un programa piloto para 300 plazas concertadas. El objetivo de la consejería es llegar a 3.000 en 10 años.

Fuentes de la consejería no han concretado qué cantidad exacta aportará la Comunidad en el bono-residencia para cofinanciar las nuevas plazas, ya que su puesta en marcha se integra en el desarrollo del Plan de Mayores, una iniciativa que Rosa Posada llevará al Consejo de Gobierno en las próximas semanas después de analizar el informe del Consejo Económico y Social. La responsable de los servicios sociales de la región pone el acento, al abordar el plan, en que se trata de una medida de Iargo aliento, que cuenta con 90.000 millones de presupuesto y será evaluada a los tres años". Posada quiere pactar su desarrollo con la oposición. Los 300 bonos previstos en los presupuestos que gestionará el año próximo Rosa Posada están íntegramente destinados a presonas mayores cuyas condiciones físicas están tan deterioradas que tienen grandes dificultades para seguir en su domicilio. En principio, Servicios Sociales baraja la posibilidad de que la familia o el mayor que se acoja a las plazas cofinanciadas, abone en torno al 60% de su coste. El 40% restante correría a cargo de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Actualmente, el coste de una plaza concertada está en 6.400 pesetas al día.

Colectivo olvidado

El bono-residencia se plantea para dar respuesta a las necesidades de un sector de la población desasistido. Son mayores que tienen bienes o ingresos que superan los fijados para una residencia pública, pero se quedan cortos a la hora de pagar una residencia privada. Se trata de un sector de la población "que nadie atiende", según las propia consejera. "Los mayores con una pensión de 70.000 pesetas nunca van a conseguir plaza en una residencia pública y su nivel de ingresos les hace también inviable acceder a una residencia privada", afirma Rosa Posada. No obstante, alguna de esas 300 plazas cofinanciadas se van a poner también a disposición de los ancianos que componen la lista de espera para las residencias públicas. Fuentes de la consejería sitúan ésta en unos 7.000 mayores, aunque los datos que baraja la oposición elevan esa cifra hasta 10.000 ancianos. Si se cumplen las previsiones del Plan de Mayores se crearán 3.000 plazas cofinanciadas en 10 años.Además de las plazas cofinanciadas, la Comunidad va a incidir el año próximo en una batería de medidas encaminadas a que los mayores permanezcan el máximo tiempo posible en su entorno. Para ello, hay previstas 1.200 ayudas a domicilio (800 en Madrid capital y 400 en los municipios) y la teleasistencia llegará a 7.500 ancianos. Las medidas de apoyo familiar, con estancia temporal de los ancianos en la residencia abierta específicamente para ese fin en 1996 crecerá hasta los 1.000 mayores acogidos. Esto supone que, con una estancia media cada uno de ellos de 50 días, cada plaza será utilizada por siete ancianos al año. En cuanto a las vacaciones, la consejería va a ofrecer 800 plazas. Un centenar de ellas en centros propios y otras 700 mediante convenio.

Modelo heredado

La puesta en marcha de los bono-residencia se reveló en la comparecencia de Rosa Posada en la Asamblea para explicar los presupuestos de 1998. Se trata, según fuentes de la consejería, de aplicar directamente con la familias un modelo de actuación similar al seguido en la residencia para personas con demencia senil en Leganés. Este centro, aprobado cuando Joaquín Leguina era presidente de la Comunidad y puesto en marcha ya con el PP en el Gobierno de la Comunidad, tenía reservadas en un primer momento 27 plazas para ancianos con ingresos situados entre 145.600 y 214.000 pesetas. La consejería encontró muchas dificultades para llenar esas plazas, ya que es un sector de la población que no acude a los circuitos de los servicios públicos, mientras que había lista de espera de mayores con pensiones inferiores a esas 103.999 pesetas entre las 62.400 y las 103.999 pesetas, para los que se destinaron 54 plazas. Por ello, una orden de Rosa Posada modificó la distribución de plazas estableciendo que, si quedaban vacantes, se llenaran con candidatos del tramo económico inferior.