PP, CiU y PNV quieren que parte de las subidas salariales se destinen a planes de pensiones

La mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno (PP, CiU y PNV) quiere fomentar que en los convenios colectivos se destine parte de los incrementos salariales pactados a constituir un plan de pensiones en el marco de la empresa. Proponen también propiciar acuerdos que permitan a las empresas tener mayoría en la comisión de control de esos planes, ahora dirigidas por los sindicatos. Por esta doble vía, pretenden fomentar los planes de pensiones de empleo, que apenas han tenido desarrollo. La intención es que los sistemas de previsión social, es decir, los que complementan a las pensiones públicas, tengan mayores ventajas que el resto de los instrumentos destinados a captar ahorro.

Estas propuestas se incluyen en el documento que han acordado PP, CiU y PNV, y que la pasada semana fue entregado al resto de las formaciones políticas que se integran en la subcomisión parlamentaria encargada de presentar al Gobierno propuestas al respecto. Esta subcomisión responde a un compromiso adoptado en el llamado Pacto de Toledo sobre las pensiones y tiene previsto terminar sus trabajos a final de mes, tras varios retrasos.En él se trata de foverecer, sobre todo, a los sistemas complementarios que tienen un carácter colectivo. Los planes por el sistema de empleo (los que suscriben una empresa y sus trabajadores) apenas han tenido desarrollo en comparación con el sistema individual (entre un particular y una entidad financíera). Hay coincidencia en que los sistemas de empleo son los que tienen un mayor potencial de crecimiento y los que mejor garantizarán un colchón que permita contener el gasto público en pensiones.

Los planes de empleo

Las tres fuerzas políticas quieren que sean las empresas y los representantes de los trabajadores quienes desarrollen acuerdos para que "una parte de los incrementos salariales se destine a previsión social complementaria, a fin de que sea un complemento socialmente válido". Salvo en la empresa pública, los sindicatos no se han empeñado hasta ahora en la tarea de convencer de esta idea a los trabajadores, por la dificultad de que se asuman mayores sacrificios salariales.Las empresas tampoco han entrado de lleno en este instrumento. La razón aquí es que, a cambio de que pueden deducir del impuesto de sociedades lasaportaciones que hagan al plan de pensiones de la empresa, no tienen mayoría en las comisiones de control. Los tres grupos políticos quieren cambiar también ese esquema, de forma que la representación de la empresa sea mayoritaria, aunque siempre mediante un acuerdo previo con los trabajadores.

Igualmente proponen mejorar el marco fiscal de los planes de pensiones, de forma que sea más atractivo que el de otros instrumentos de ahorro. En concreto, el documento señala que se debería eliminar, por ejemplo, la exención fiscal que existe para las plusvalías de más de 200.000 pesetas. Esta ventaja la tienen los incrementos de patrimonio o plusvalías (diferencia entre el valor de compra y el de venta) obtenidos por ventas de acciones o de pisos, pero no por los fondos de inversión.

Todos los instrumentos de ahorro que supongan incremento de patrimonio tributan a un tipo fijo del 20%. Por ello se propone que, cuando se cobra la prestación de un plan de pensiones, la renta obtenida tribute al tipo de impuesto sobre la renta que corresponda, salvo en la parte en que las cantidades aportadas se hayan revalorizado. En este tramo, deberían tributar a un tipo inferior al 20% que no se especifica.

En los Presupuestos del año que viene, el Gobierno del PP ya ha mejorado levemente la fiscalidad de los planes de pensiones, lo que ha restado alguna efectividad a los acuerdos que se adopten en esta subcomisión parlamentaria.

El Ministerio de Economía y Hacienda -trabaja también en estos momentos en una reforma de la fiscalidad del ahorro que se encuadrará en el nuevo impuesto sobre la renta que se quiere aprobar el año próximo.