El PP pierde en el Congreso todas las enmidas que introdujo en la Ley del Poder Judicial en el Senado

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial quedó ayer aprobada definitivamente, pero con muchos perdigones en las alas. El proyecto no obtuvo los 175 votos que exigía su carácter de ley orgánica, por lo que fueron rechazadas todas las enmiendas que los populares introdujeron en el Senado gracias a su mayoría absoluta. Previamente, el PP había renunciado a alguna de esas enmiendas al ver que no tenía el apoyo de ninguno de sus socios parlamentarios. La retroactividad para la excedencia forzosa de los jueces que ejerzan cargos públicos queda sin efecto

Hoy, día 14, se cumple un año del primer debate de totalidad de este proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha sumado reveses parlamentarios hasta auparse al primer puesto de las desgracias legislativas de la democracia.La primera votación en el Congreso para conferirle carácter de ley orgánica la perdió el Gobierno. Se exige mayoría absoluta para que una ley tenga esa consideración y dado que el Congreso está integrado por 348 diputados -los dos de Herri Batasuna no han adquirido tal condición- son precisos 175 votos.

Ayer, a media tarde y después de todos los avatares imaginables, la votación de totalidad por el carácter orgánico consiguió 174, es decir, que por un sólo voto es necesario aplicar las previsiones del Reglamento, lo que supone que quedan sin efecto todas las enmiendas que el PP introdujo en el Senado donde tiene mayoría absoluta. En definitiva, la ley tendrá carácter orgánico pero tal y como quedó en el Congreso, sin una sola coma de modificación de la Cámara alta.

Las desgracias parlamentarias empezaron a primera hora de la tarde, cuando el portavoz del Grupo Popular, Andrés Ollero, en vista de que todos los grupos, tanto de la oposición como los socios nacionalistas -CiU, PNV y Coalición Canaria- se oponían, anunció que su grupo también votaría en contra de las enmiendas que sus compañeros del Senado habían introducido para dar retroactividad a la excedencia forzosa de tres años que la ley establece para los jueces que ocupen cargos públicos.

Renunció también a la ampliación hasta los 75 años en la jubilación de los magistrados suplentes del Supremo, y rechazó la ampliación que los senadores del PP habían hecho de las excepciones para la pérdida de la condición de magistrado del Supremo. En vista de su absoluta soledad, el PP decidió hacer de la necesidad virtud y se desdijo de todo el trabajo parlamentario de sus compañeros senadores.

Sueldos de los magistrados

El Senado había previsto que la subida de sueldos para los magistrados del Tribunal Supremo se incluyese cada año en los Presupuestos Generales del Estado. Todo queda en que se les equiparará con los de los miembros de otros altos tribunales, aunque la ministra de Justicia dijo luego en los pasillos del Congreso que se podría introducir una enmienda en el actual proyecto de Presupuestos. Tampoco los fiscales de sala del Tribunal quedarán equiparados en su remuneración a los magistrados y quedó sin reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional del llamado Consejo de Hombres Buenos de Murcia.Impávida, Margarita Mariscal de Gante declaró tras el debate que el texto finalmente aprobado "es absolutamente satisfactorio". Más aún, aseguró que se sentía "contenta" y trasladaba su alegría al Gobierno.

Antes de este rocambolesco final el proyecto recibió estopa con inusual intensidad. Luis Mardones, de Coalición Canaria, habló de enmiendas que no le parecían "admisibles". Margarita Uría (PNV) anunció que rechazaba las enmiendas más importantes introducidas por el Senado y afirmó que "desde un punto de vista técnico el proyecto no es demasiado aceptable".

Manuel Silva, portavoz de CiU, subrayó "la falta de entusiasmo" de su grupo hacia el proyecto, se opuso a varias de las enmiendas más importantes del Senado y acabó por resaltar que el conjunto de la ley no los dejaba "especialmente satisfechos".

Pablo Castellano, de IU, fue más contundente. Calificó la ley de "auténtica aberración", de "disparate" y de proyecto de aluvión al que se le habían añadido apartados por presiones corporativas y hasta personales. Llegó a decir que muchos artículos tenían "nombres y apellidos" y acabó ironizando al lamentar que no se aprovechase la ley para regular "la capitalidad de Madrid o una reforma de la Ley del Deporte ya que cuenta con una jurisdicción propia".

Pere Jové, por el Grupo Socialista, dijo que la ley mantenía "soluciones irracionales" y Andrés Ollero, en nombre del Grupo Popular, además de verse obligado a cantar la gallina y desautorizar las enmiendas de su grupo en el Senado, trató, de responder a las acusaciones contra la ministra de Justicia en el sentido de que la retroactividad de la excedencia para jueces era una norma a su medida. Ollero argumentó que la excedencia forzosa durante tres años es una limitación a los derechos de los jueces y que quería resaltar "la actitud ética de la ministra" al querer aplicarse esa restricción.

En los pasillos, en ruedas de prensa, y casi en la tribuna algunos de los portavoces de los grupos replicaban que Mariscal quería asegurar que no volverá al Juzgado de Instrucción de donde salió para ser ministra, el día que deje de serlo.