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Tribuna
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El tercer espacio y "el contencioso"

A la luz de la iniciativa de Elkarri sobre los derechos históricos reconocidos en la Disposición Adicional Primera de la Constitución se entienden mejor otros planteamientos que han agitado estas semanas el panorama, raramente apacible, de la política vasca.De forma casual o no, la difusión del borrador del movimiento social que dirigen Jonan Fernández y Vittor Aierdi coincide en el tiempo, y en el espíritu, con otros dos pronunciamientos.

En primer término, el acto convocado el pasado día 19 de octubre, en Gernika, por el sindicato nacionalista ELA, mayoritario en el País Vasco, en el que su líder, José Elorrieta, declaró la "muerte" del Estatuto de Gernika y propuso la búsqueda de un "nuevo marco para el autogobierno"

Días más tarde, el obispo José María Setién, en la ofensiva mediática realizada con motivo de sus 25 años al frente de la diócesis de San Sebastián, avanzó por esa misma senda al insistir en la tesis de que el problema de la violencia de ETA no puede resolverse sólo por métodos policiales y abogar por la creación de "un nuevo marco jurídico-político que contente a todos".

En realidad, Setién, Elkarri y ELA ya han sido identificados desde tiempo atrás como tres de los pilares del "tercer espacio" o la "tercera vía" vascos. El cuarto lo constituiría un sector del PNV que se reconoce en los postulados de los burukides Joseba Egibar y Juan María Ollora sobre la pacificación y el soberanismo".

Es de notar que el protagonismo de ambos se ha desvanecido últimamente en la misma medida en que afloraba el de ELA que ya en 1995 lanzó una alianza estratégica con el sindicato LAB, vinculado al mundo de HB- el de Setién y, ahora, el de Elkarri.

En el "tercer espacio" se reconocen también militantes de Eusko Alkartasuna y grupos sociales y culturales que se sitúan equidistantes en el rechazo a la violencia de ETA y al actual engarce de Euskadi en el Estado español.

Lo que define esta realidad difusa que constituye la "tercera vía" es la consideración de que existe un "contencioso irresuelto" entre el pueblo vasco y España, puesto de manifiesto por la *lacerante existencia de ETA y su entorno, y la convicción de que el problema de laviolencia terrorista, puesto que tiene una raíz política, requiere sobre todo una solución política negociada.

La aspiración de este espacio sería, en consecuencia, construir el escenario en que queda realizarse a n tiempo el cese definitivo de la lucha armada de ETA y la puesta n pie de un nuevo marco de autogobierno que supere los vicios de origen que el mundo de HB, pero también sectores del nacionalismo moderado, encuentran en la Constitución y el Estatuto.

La diferencia con el diseño de pacificación que hace el Pacto de Ajuria Enea de 1988 radica sobre todo en la no reclamación previa a ETA de "actitudes inequívocas" de cese de la violencia (punto 10 del Pacto) y en la disposición de partida a situar la "negociación" en el terreno que plantea la organización terrorista: un paso más allá del marco jurídico-político vigente en el País Vasco.

La existencia de la "tercera vía", aunque de forma implícita, es anterior al nacimiento de Elkarri en 1992 para mediar en el "conflicto" a partir de la experiencia de la autovía de Leizaran.

Tercera vía puede considerarse el intento permanente de encontrar un acomodo a las reivindicaciones políticas del mundo de ETA en el ordenamiento legal, como fue la inédita Mesa por la Paz auspiciada por el lehendakari Garaikoetxea en 1983, las conversaciones PNV-HB de 1986 y 1992, o la propia Conferencia de Paz organizada por Elkarri en marzo de 1993 en Bilbao.

Lo más novedoso de la iniciativa ahora desvelada está precisamente en que no apuesta por "novedades" ajenas al llamado "bloque constitucional" y de azaroso encaje en él -la autodeterminación, el soberanismo o la independencia, sino que propone una exploración exhaustiva de las posibilidades de autogobierno que ofrecen tanto la Constitución, como el Estatuto vasco y el Amejoramiento de Navarra, en cuanto a la actualización de los derechos históricos forales.

Se presenta, por ello, como una propuesta más institucional y susceptible de recabar apoyos en ámbitos no exclusivamente nacionalistas. De hecho, la idea sobre las potencialidades de los derechos históricos, cuyo no reconocimiento explícito dio motivo al PNV para no dar su sí a la Constitución, tiene como padre a Miguel Herrero de Miñón y ha cautivado a personalidades del nacionalismo, como el propio Xabier Arzalluz o el ex senador Mitxel Unzueta, del Partido Popular, y del socialismo vasco, como Jesús Eguiguren y Mario Onaindia.

Sin embargo, en este valor de posibilismo e integración tiene la propuesta su punto más débil. En principio, la respuesta oficial de Herri Batasuna ha sido extremadamente cauta y poco clarificadora, lo que sugiere una falta de criterio claro.

Pero la piedra de toque de la iniciativa va a estar, como siempre, en la posición de ETA. ¿Admitiría la organización armada una solución que tiene su punto de arranque en una Constitución y un Estatuto que impugna radicalmente y cuya superación exige casi como requisito justificatorio de su trayectoria de muerte y sufrimiento?

¿Aceptaría ETA, o dejaría que HB aceptara, una posible salida política que se la cocinen en otras instancias y no sea fruto de su perseguida negociación con el Estado y de la presión de las armas?

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