La Comisión de Presupuestos aprueba que las autonomías gestionen fondos judiciales

Una enmienda de Coalición Canaria (CC) que había pasado inadvertida en la Comisión de Presupuestos levantó ayer una tormenta político-financiera en la que se vieron inmersos el Grupo Popular, el Ministerio de Justicia y el Banco Bilbao Vizcaya (BBV). La enmienda canaria supone que la gestión de los depósitos judiciales van a pasar a ser competencia de las comunidades autónomas que tienen transferidas competencias en el funcionamiento, de la Administración de Justicia.

Según José Carlos Mauricio, portavoz de Coalición Canaria, se estima que los intereses anuales que generan estos depósitos judiciales en el conjunto del territorio nacional suponen unos 15.000 millones de pesetas sobre un fondo superior a los 100.000 millones.La comisión -con el voto a favor de CC, PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto- llegó a un empate con los votos en contra de PP y CiU, pero la enmienda se aprobó porque la suma de diputados de los grupos favorables es superior en el pleno del Congreso y se aplica el criterio proporcional.

Fuentes de la comisión aseguraron que ayer mismo el BBV, que tiene adjudicada la administración de estos fondos hizo saber al Ministerio de Justicia su total desacuerdo con la medida y advirtió, según estas mismas fuentes, que de prosperar aplicará las penalizaciones previstas.

José Carlos Mauricio explicó que las comunidades autónomas que podrían beneficiarse de esta medida son, en concreto, además de Canarias, Andalucía, País Vasco, Cataluña, Valencia y Galicia. Para la Comunidad Canaria se estima que los depósitos judiciales en aquella región podrían generar unos 1.500 millones de pesetas anuales y que en Cataluña serían entre 4.000 y 5.000 millones de pesetas. CiU se opuso a la enmienda de Coalición Canaria porque, según fuentes de este grupo parlamentario, el PP presionó duramente a sus socios con promesa de estudiar posteriormente este asunto.

Rechazo en el pleno

CC teme que el PP logre que en el pleno la enmienda sea rechazada, ya que los populares entienden que la gestión de estos fondos no es posible traspasarla puesto que no se trata de una competencia concreta.La reacción del BBV se explica, según fuentes parlamentarias, porque si la enmienda prospera cada comunidad autónoma podría elegir en qué entidad financiera situaba los depósitos judiciales que le correspondieran.

Algunos diputados mostraron su extrañeza por el hecho de que el PNV hubiese apoyado una enmienda que, de consolidarse definitivamente, contraría los intereses del BBV, que tiene adjudicados los depósitos judiciales desde la época de los Gobiernos socialistas y que renovó la adjudicación en un reñidísimo concurso con el Gobierno del PP.

Jon Zabalía, diputado del PNV, explicó anoche que su grupo nada tiene que ver con el interés de ningún banco en concreto y que apoyaron la enmienda por entender que beneficia la gestión de la Administración de Justicia en su Comunidad Autónoma.