Un informe de la fiscalía establecia ya desde marzo que no había delito

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, respaldó con su anuencia la actitud de los fiscales de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño e Ignacio Gordillo, en el caso Sogecable, sin contradecir las claras contravenciones de estos dos fiscales a las órdenes de la Fiscalía del Estado. Cardenal llegó incluso a respaldar el absurdo jurídico de que la fianza de 200 millones de pesetas impuesta a Jesús Polanco como condición para eludir la prisión era una medida cautelar "de carácter real" y no "personal".

El pasado 7 de marzo, el anterior fiscal del Estado, Juan Ortiz Úrculo, ordenó por escrito al entonces fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que no se practicara ninguna actividad procesal, salvo las de mera tramitación, sin consultar antes a la fiscalía general. Tal posición tenía su apoyatura en un informe elaborado por el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Torres Dulce, en el que se concluía que de las actuaciones realizadas hasta entonces no se deducía que hubiera delito.

Apenas un mes después, el fiscal del caso, Ignacio Gordillo, contravino la orden a la primera oportunidad y pidió la imposición de una fianza de cinco millones de pesetas para que José Antonio Rodríguez Gil, auditor de Arthur Andersen, pudiera eludir la prisión. El juez Javier Gómez de Liaño accedió a la propuesta del fiscal. Cuando sus superiores le pidieron cuentas, Gordillo pretextó que no había podido consultar al fiscal general por no conseguir comunicar con él.

Advertencias

La Fiscalía del Estado reiteró las órdenes a Fungairiño en un nuevo escrito en el que, en tono de advertencia, le recordaba las instrucciones anteriores. Además, añadía que al no deducirse "los presupuestos constitucionales y legales" suficientes para la adopción de medidas cautelares "de carácter personal", la posición del Ministerio Fiscal debía ser la de no solicitar ninguna media de tal naturaleza y oponerse a las que pudiesen solicitar las demás acusaciones. Incluso, ordenaba recurrir las medidas "de carácter personal" que el juez Liaño pudiera adoptar.Pero para entonces ya se había producido el cese del entonces fiscal del Estado, Juan Ortiz Úrculo, y Gordillo decidió ignorar una vez más las instrucciones. Pese a que Cardenal ratificó las órdenes de Úrculo, Gordillo, con el respaldo de su jefe, Fungairiño, dijo que no solicitaba medidas de carácter personal, pero que deberían adoptarse medidas cautelares no personales, "dejando a criterio del Instructor la adopción de fianza y cuantía".

Liaño impuso una fianza de 200 millones a Polanco; y Gordillo, con el apoyo de Fungairiño, adujo que era una medida de "carácter real". Pese al estupor generalizado de la fiscalía, Cardenal consideró plausible la interpretación de los dos fiscales de la Audiencia y la respaldó plenamente.