253 días de acusaciones sin fundamento

Se han necesitado 253 días para llegar a la conclusión de que nadie se repartió el dinero de los abonados a Canal +, ni se quedó alguien con la rebaja del IVA. Es el periodo de tiempo que medía entre el 24 de febrero, día en que el periodista Jaime Campmany -ex director del diario falangista Arriba- presentó la primera de las denuncias contra Sogecable, y el de ayer, en que la Audiencia Nacional archivó lo sustancial de la denuncia y de las querellas subsiguientes.En realidad, la acción contra Sogecable se había iniciado un poco antes: cuando "un secretario de Estado" puso en marcha el informe que se visó como base de las denuncias. Así lo declaró la persona a la que le fue encargado: el presidente del Colegio de Economistas, Gerardo Ortega. Este trabajo apareció publicado en Época con la firma de Miguel Platón -quien a los pocos días saltó a la dirección de información de la agencia estatal Efe- y fue adjuntado por el editor de dicha revista, Jaime Campmany, como documentación de su denuncia.

El nombre de ese alto cargo ha sido guardado en secreto por José María Aznar, Francisco Álvarez Cascos, Margarita Mariscal de Gante y cuantos miembros del Ejecutivo han sido preguntados al respecto.

Se sabe, en cambio, quiénes fueron los instrumentos para lograr que la iniciativa de un miembro del poder ejecutivo llegara a manos de la jurisdicción penal: el ya citado Campmany; un antiguo abogado, Francisco Javier Sáinz Moreno -condenado por revelar los secretos de un compañero de despacho-, que presentó la querella; y uno de los colaboradores de El Mundo, Jesús Cacho, quien se sumó a la misma.

Todo fue rapidísimo al principio. El lunes 24 de febrero se presentó la denuncia de Campmany, que fue admitida a trámite en veinticuatro horas por el juez Javier Gómez de Liaño. El jueves 27 de febrero apareció en escena el ya citado Sáinz Moreno, depositando una querella. El viernes 28 de febrero, Liaño admitió esa querella, la notificó personalmente a los máximos responsables de Sogecable y les impuso la obligación de no abandonar España sin su permiso previo.

A lo largo de los meses siguientes se desplegó la acción instructora de Javier Gómez de Liaño, con decisiones tales como la de imponer una fianza de 200 millones de pesetas al presidente de Sogecable, Jesús Polanco, después de haber recibido un informe de los peritos de Hacienda en el que afirmaban que Canal + había distribuido sus dividendos de forma legal.

El consejero delegado de Sogecable, Juan Luis Cebrián, recusó a Gómez de Liaño como instructor el 5 de julio. Para entonces, un tribunal había revocado cinco decisiones sucesivas de Liaño; y aún habría un sexto varapalo antes de que la recusación fuera aceptada por el juez competente, Ismael Moreno.