Juicio a un juez que mantuvo seis años sin resolver una invalidez

El fiscal solicitó ayer cuatro años de suspensión para un juez de lo Social de Barcelona acusado de un delito de prevaricación por estar casi seis años sin resolver una demanda de invalidez. Durante el juicio celebrado ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el magistrado Ángel Juan Alonso defendió su inocencia, aunque admitió que quizás se equivocó en la tramitación del caso.

Alonso fue cautelarmente suspendido de empleo y sueldo por el Consejo General de Poder Judicial y unos meses después, la demanda de invalidez fue resuelta de forma favorable a la solicitante por la magistrada sustituta. Los hechos se remontan a enero de 1990, cuando Eulàlia Navas, que entonces tenía 56 años, presentó una demanda por invalidez permanente absoluta. En agosto del mismo año el juez Alonso la admitió a trámite y el 23 de enero de 1991 se celebró el juicio. Seis días después, el juez dictó sentencia indicando de que los hechos habían prescrito y que la mujer no tenía derecho a pensión.

La resolución fue recurrida y en diciembre de 1992 el TSJC revocó la decisión del juez, que volvió a instruir la demanda, pero sin celebrar un nuevo juicio. La defensa presentó numerosos recursos, hasta que en octubre de 1995, el TSJC dictó una nueva resolución en la que anulaba todo lo instruido por el juez por haber provocado "indudable indefensión" a la demandante, y le instaba a celebrar nuevo juicio. En lugar de hacerlo, el juez dictó un nuevo auto indicando que la causa tenía que volver al principio. El fiscal considera que esta actuación constituye un delito de prevaricación por entender que el juez dictó esta resolución a sabiendas de que era injusta.