Destrucción de entradas y 41 % de aumento del coste de las obras

El Tribunal de Cuentas califica de "desmesurada" la previsión de visitantes que tenía la Expo, que se tradujo en el encargo de que se fabricaran 32,5 millones de entradas, "de las que sólo se vendieron 13,5 millones". La destrucción de las sobrantes se produjo en febrero de 1994 " sin comunicarlo previamente al Tribunal". Si bien éste reconoce que "tal comunicación no era obligatoria", y que recibió el acta de la destrucción firmada por la gerente de la sociedad estatal, enfatiza que en caso de haber sido advertido "se hubiera podido realizar el recuento de las entradas sobrantes".

Ante las alegaciones que recuerdan que el equipo de fiscalización no recontó las entradas que sobraron en los espectáculos, el tribunal aduce que la importancia de uno y otro caso es muy distinta y que también eran diferentes los controles internos aplicados. El coste de las entradas fabricadas y no usadas fue de unos 200 millones de pesetas.

Por otra parte, el informe del Tribunal de Cuentas constata que el coste de las obras de la Expo superó ampliamente el importe de los presupuestos de adjudicación, con desviaciones del 41 % en las obras con un importe superior a 100 millones de pesetas.

Adjudicación directa

La Expo, en contra de la previsión recogida en sus manuales de contratación, no utilizó la subasta para adjudicar la realización de las obras y "el concurso sólo se aplicó con carácter extraordinario". Prevaleció la contratación directa, según la fiscalización llevada a cabo. Las empresas que concentraron los encargos fueron Abengoa, Dragados, Entrecanales, Ferrovial, Lain y Sevilla Service.Según el informe dirigido al Congreso, "la práctica totalidad de los contratos inferiores a 100 millones de pesetas se adjudicaron directamente, fórmula que también se utilizó en el 42% de los contratos de presupuesto superior a dicho importe. El examen de los contratos de obras muestra que "si bien en los primeros años [1987-1991] predomina la fórmula del concurso, al final del periodo [1991-1992] la contratación directa" se hace habitual.

Tras haber analizado 106 expedientes de contratos, que incluyen la totalidad de aquellos cuyo presupuesto inicial superaba los 100 millones de pesetas, así como una muestra de cinco contratos de presupuesto inferior a ese importe, el Tribunal señala que, "en general, los expedientes son formalmente correctos, de acuerdo con la tramitación prevista".