El Tribunal de Cuentas eleva a 35.000 millones las pérdidas acumuládas en la Expo 92

La Exposición Universal de Sevilla acumuló unas pérdidas de 35.000 millones de pesetas, desde que comenzaron los preparativos en 1982 hasta que finalizó en 1992, -según un informe del Tribunal de Cuentas enviado ayer al Congreso. El balance de la sociedad había reflejado una pérdida global de 5.356 millones. El tribunal aplica un ajuste a los beneficios de 17.930 millones obtenidos en 1992, que reduce en 29.901 millones, lo que unido a los resultados de años anteriores eleva las pérdidas a 35.258 millones. La presidenta del tribunal, Milagros García Crespo, advirtió que no se ha hallado "nada fraudulento".

García Crespo explicó ayer, a preguntas de los periodistas en Valladolid, que la sociedad estatal Expo 92 contabilizó como ingresos 17.000 millones recibidos como subvención de capital mientras que el tribunal sostiene que esa partida está anotada incorrectamente como ingresos. Otros 8.000 millones fueron deducidos por corresponder a "activación de gastos en bienes sobrevalorados". Y, además, el tribunal constató un "defecto de amortización" por importe de 3.000 millones de pesetas.

La presidenta matizó la cuantía de las pérdidas descritas en el informe enviado al Parlamento. "Si han apuntado [los gestores de la Expo] como ingresos 17.000 millones, que son subvenjciones de capital, esos 17. 000 millones sí han entrado. Están para irlos ajustando a medida que se vaya produciendo el desgaste de ese capital, que son las instalaciones. Eso está ahí, no ha desaparecido. Es presentación de resultados de una u otra manera". García Crespo destacó que ni el fiscal del Tribunal de Cuentas ni el abogado del Estado han realizado acusación alguna.

División socialista

La votación del informe en el pleno del tribunal provocó una división en el grupo de consejeros elegidos a propuesta del PSOE, ya que cuatro -entre ellos la presidenta- aprobaron el informe, y dos -Ciriaco de Vicente y Miguel Ángel Arnedo- se opusieron y presentaron votos particulares. El documento quedó aprobado con 10 votos a favor -cuatro dé consejeros del PP, un independiente, cuatro del PSOE y el del fiscal-, dos en contra, y la ausencia de un consejero popular. La fiscalización había sido realizada por dos consejeros próximos al PP -Juan Velarde y Ramón Muñoz-, y por dos cercanos al PSOE -Milagros García Crespo y Eliseo Fernández: Centeno-.El tribunal consideró, de hecho, ilegales las cuentas de la Expo correspondientes al año 1992 -aprobadas por el consejo de administración y la junta de accionistas y depositadas en el Registro Mercantil- y lo que utilizó fue los estados financieros que envió la gerencia de la sociedad heredera de la Expo a la Intervención del Estado, que no habían pasado por el consejo de administración ni por la junta de accionistas. A juicio del tribunal, si bien Expo 92 presentó un beneficio de 17.930 millones de pesetas en el año de la Exposición, los ajustes introducidos por el equipo fiscalizador determinaron unas pérdidas de 11.971 millones, que situaban el balance global de los preparativos y celebración de la Exposición Universal de Sevilla en 35.258 millones de pesetas. En junio de 1996, EL PAÍS adelantó que el borrador del informe cifraba las pérdidas en 37.046 millones.

El análisis de la Expo por el Tribunal de Cuentas muestra que hubo un derroche de dinero,mucho más allá de lo que era necesario para que la conmemoración del V Centenario del descubrimiento de América fuera un éxito. Los ingresos obtenidos en los espectáculos organizados "no llegaron a cubrir ni el 10% de los. gastos". En 1992 se abonaron pagas extraordinarias no previstas en el convenio colectivo que conllevaron un gasto adicional de 600 millones de pesetas. Ninguna de las cinco empresas en las que participó la sociedad estatal Expo 92 para gestionar actividades de la Exposición generó beneficios. El Centro de Reservas de Alojamientos dejó unas pérdidas de 3.200 millones de pesetas. Y el coste de las obras superó ampliamente el importe de los presupuestos de adjudicación.

El jardín del Guadalquivir fue presupuestado en 590 millones y su coste se elevó en 543 millones más. La pasarela de la Barqueta fue adjudicada en 619 millones, y después el precio se elevó en otros 366 millones de pesetas. El pabellón Plaza de América tenía un presupuesto de 3.243 millones de pesetas, y posteriormente tu vieron que ser autorizados 1.557 millones de pesetas más.

El exceso de inversiones por encima de las presupuestadas "se financió con recursos a corto plazo, fundamentalmente préstamos bancarios", lo que situó a la Expo en una situación de vulnerabilidad financiera, ya que sus necesidades para contar con un fondo de maniobra se elevaban, en 1992, a 85.985 millones.

Éstas y otras constataciones llevan al Tribunal de Cuentas a afirmar que "aunque Expo 92 alcanzó de forma satisfactoria el objetivo general para el que fue creada, que era la preparación y celebración de la Exposición Universal de Sevilla en 199T', la actuación no fue "eficiente ni económica". El informe dirigido al Congreso de los Diputados refleja que de 110 recomendaciones del Departamento de Control de Gestión a la dirección de Expo 92 para "la corrección de deficiencias, sólo habían sido atendidas cinco". Con posterioridad, las ineficiencias han continuado, a la vista de que en 1993 y en 1994 los estados financieros de la sociedad estatal de Gestión de Activos, S.A (AGESA) -heredera de Expo 92- reflejaban pérdidas de 28.984 millones y de 28.901 millones.

El Tribunal transmite al Parlamento las dificultades de colaboración que ha encontrado en quienes se hicieron cargo de la herencia de la Expo, pero reconoce que "no han impedido alcanzar los objetivos marcados en la fiscalización".