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El PSOE esgrime otro informe de Barea que propone reducir 10.000 mandos militares

Miguel González

Por segunda vez en ocho días, el PSOE esgrimió ayer un informe del profesor José Barca, asesor directo de José María Aznar, para criticar la política del Gobierno. Esta vez se trata de un documento crítico con los planes de profesionalización de las Fuerzas Armadas, en el que la Oficina Presupuestaria, dependiente de la Presidencia del Gobierno, propone reducir en 10.000 los cuadros de mando, frente a la pretensión del Ministerio de Defensa de no tocarlos. "Ni pienso dimitir, ni el Gobierno me va a cesar" declaró Barea, convertido de nuevo en protagonista de la polémica.

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El portavoz del Grupo Socialista, Juan Manuel Eguiagaray, sorprendió ayer cuando, al término de la conferencia de prensa en la que presentó la propuesta del PSOE sobre profesionalización de los ejércitos, que aboga por reducir en unos 10.000 el número de oficiales y suboficiales, agregó enigmáticamente: "Los socialistas nos sentimos extraordinariamente acompañados en esta cuestión, porque tenemos el inestimable aval del señor Barea".La propuesta del PSOE, pese a su espectacularidad -adelantamiento del fin de la mili al año 2000, reducción a 140.000 de los efectivos militares y despenalización de la insumisión, sustituyendo las penas de cárcel por sanciones administrativas, entre otros puntos- quedó eclipsada por la alusión al polémico profesor, cuyo informe sobre un agujero de 600.000 millones en las cuentas públicas acaparó el reciente debate presupuestario.

Eguiagaray ironizó afirmando que, a diferencia del segundo informe Barea, que según e Gobierno corrige sus críticas anteriores, este documento sí existe, y para demostrarlo lo exhibió ante las cámaras. "A lo mejor, sobre este tema, también nos dicen que hay un segundo informe", concluyó.

Réplica de Serra

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, capeó como pudo el temporal. Tras asegurar que no conocía el informe de Barea, agregó que la opinión del profesor resulta "especialmente valiosa desde el punto de vista presupuestario", sugiriendo que no tiene tanto crédito cuando se refiere a otros temas, como los efectivos con que deben contar las Fuerzas Armadas. "La tasa de encuadramiento [la proporción entre cuadros de mando y tropa] no puede ser la misma en el modelo actual que en un Ejército plenamente profesional", argumentó."Ni pienso dimitir, ni el Gobierno me va a cesar", aseguró Barea ayer por la mañana, en Valladolid, al ser preguntado por la filtración del informe sobre el agujero presupuestario, informa Francisco Forjas. En ese momento, sin embargo, aún no se sabía que el PSOE había sacado del cajón otro de sus documentos, esta vez sobre las Fuerzas Armadas, para criticar al Gobierno.

"El Partido Socialista, por lo visto, se ha especializado en coger informes de la Oficina del Presupuesto. Para nosotros es un honor, porque si los cogen es porque tienen credibilidad. Lo que pasa es que después los interpretan mal", dijo Barea por la tarde en Madrid, sorprendido por la noticia. "Yo no dimito porque se roben o filtren informes", insistió, durante una reunión sobre gestión sanitaria, informa Lucía Argos.

El portavoz del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió a las acusaciones del PP de que los socialistas tienen espías que roban documentos en la Oficina Pesupuestaria, recomendando al Gobierno que "no busque espías, sino traidores, por ahí encontrará satisfacción a sus preocupaciones", informa Camilo Valdecantos.

El PP, por su parte, buceó en las hemerotecas para atacar al diputado socialista Josep Borrell, que el pasado miércoles preguntó al Gobierno por el informe Barea. El 9 de marzo de 1993, el entonces ministro de Obras Públicas recriminó a la diputada popular Teófila Martínez que utilizase en su labor de oposición un "documento robado", el Plan Operativo Anual del Ministerio.

Borrell insistió entonces en que se trataba sólo de un "documento interno de trabajo" y en que "quienes lo elaboran y utilizan están vinculados por el deber de lealtad al organismo al que pertenecen", informa Javier Casqueiro.

Por otra parte, el Pleno del Congreso convalidó ayer por 288 votos a favor, ninguno en contra y 18 abstenciones (de Izquierda Unida y Bloque Nacionalista Galego) el decreto ley que reinstaura el excedente de cupo del servicio militar. Un total de 16.442 jóvenes, uno de cada diez, elegidos por sorteo el próximo 12 de noviembre, se librarán de hacer la mili en 1998 gracias a esta fórmula.

El ministro Serra afirmó que en 1995 y 1996 se incorporaron a filas unos 22.000 jóvenes más de los necesarios y reconoció que la exención de la mili a 16.442 reclutas va a suponer un ahorro de 4.000 millones de pesetas para su departamento.

Socialistas y nacionalistas, pese a apoyar el decreto, criticaron el recurso al sorteo para deshacerse de los excedentes, por considerar que se trata de un sistema poco justo.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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