El Partido Popular niega que sus casos de corrupción sean comparables al de Filesa

El PP no quiere debatir con el PSOE si en la justicia persisten realmente dos varas de medir los casos de corrupción política: una contra los socialistas y otra favorable a los populares. No es que eluda pronunciarse sobre la sentencia del caso Filesa, pero sí rechaza que se le meta en el mismo saco que al PSOE. La dirección nacional del PP considera "absurdo" equiparar "casos aislados" que afectan a los populares, y que tienen sólo "trascendencia local" con el fallo en firme de "una sentencia que establece como probado que el PSOE se benefició con el montaje de una trama de empresas en más de 1.000 millones de pesetas".

El primero en tildar de hipócrita al PP por las reacciones con que algunos miembros del Gobierno han acogido la sentencia del caso Filesa fue el propio secretario general del PSOE, Joaquín Almunia. Le han seguido en cascada otros dirigentes socialistas y de otros partidos.En el PP, pese a ello, no se dan por aludidos cuando se mencionan las palabras "privilegio" o "favoritismo" ante los tribunales. Miran en sus propias filas y no ven "nada comparable al caso Filesa". Creen que las sentencias condenatorias del caso Naseiro, del caso Sóller, del caso de la construcción de Burgos; tienen implicaciones personales o, como máximo, de sus estructuras locales y regionales. No vislumbran ninguna trama nacional.

Además, y para distanciarse todavía más del PSOE, los populares presumen de haber actuado rápidamente y de haber exigido siempre responsabilidades políticas inmediatas a los dirigentes del PP implicados en casos de financiación irregular. Se pone el ejemplo del ex presidente balear Gabriel Cañellas, forzado a dimitir de sus cargos -aunque continúa como diputado autonómico- antes del juicio y se dictase sentencia condenatoria. Y se precisa que esa sentencia aún no es firme.

Cuando estalló el caso Filesa, el entonces secretario de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote, sí abandonó inmediatamente la ejecutiva del PSOE, y meses después su escaño de diputado.

La dirección del PP también rechaza que su decisión de personarse como acusación particular en el juicio de Filesa tuviera que ver con un interés por instrumentalizar la justicia: "Hemos estado en el juicio penal como garantes de la legalidad del proceso, y porque, como demuestra la sentencia, tenemos derecho a sentirnos una de las partes perjudicadas, porque el PSOE en aquella campaña se benefició con 1.000 millones de los que nosotros no dispusimos".

La dirección del PP, por otra parte, sí piensa que el PSOE ha quedado comprometido con la sentencia de Filesa. Aunque las penas se refieran sólo a unos dirigentes, eso se justifica, argumentan, porque una formación política no tiene personalidad jurídica para ser condenada. El portavoz de justicia del PP, el diputado Andrés Ollero, afirmaba ayer en este sentido: "Josep María Sala y Carlos Navarro acabarán pagando con cárcel lo que han ejecutado otros, son cabezas de turco".

Frente a esta actitud, la mayoría de los socialistas reiteraban ayer lo ya dicho días atrás. Consideran la sentencia injusta y desproporcionada. Alfonso Guerra, Narcís Serra, Txiqui Benegas, Jordi Solé Tura y otros muchos lo recordaban con agudas manifestaciones. Para José Barrionuevo, lo ocurrido demuestra que existe "la regla de los juicios paralelos", y lo explica así: "La intensidad del manoseo político-mediático de los procedimientos judiciales es inversamente proporcional a la realización de la justicia". El presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, define el proceso metafóricamente como el de los chicos malos que caen en la droga, y pidió a los constructores que dejen de intentar corromperlos.

Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del PSOE, recordaba al PP con cierta soma los casos de corrupción en los que se ha visto implicado este partido con trámites judiciales. Enumeró algunos recientes (Sóller, Zamora) y luego señaló que el PP es especialista en falsificar la realidad. Mostraba así su extrañeza porque la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Burgos, que condenó al alcalde del PP José María Peña, no esté recogida en el repertorio de jurisprudencia de la editorial Aranzadi. Esa sentencia fija como hecho probado la relación de José María Aznar, entonces presidente de la Junta de Castilla y León, con un condenado. Aranzadi, que en su base de datos dispone de unas 120.000 sentencias del Supremo, negó ayer que Aznar tenga nada que ver en esta omisión y la justificó por el retraso con que ha recibido la sentencia completa, dictada en enero de 1994.