Aznar anuncia en Tokio una reforma en el IRPF y nuevas medidas liberalizadoras en la economía

El Gobierno abordará el próximo año una actualización del impuesto de la renta que implicará una reducción tanto del número de tramos como de las tarifas, afirmó ayer en Tokio el presidente del Gobierno, José María Aznar, en una conversación con la prensa española que le acompaña en su viaje a Asia. La reforma de la ley del IRPF formará parte de un nuevo impulso "reformista y liberalizador" de su Gobierno, que afectará a sectores de la economía que por el momento han sido reacios al cambio. Aznar dio un amplio repaso a su proyecto económico y a la situación política de España, y aunque se negó a opinar sobre la sentencia del juicio de Filesa, recomendó a quienes se interesan por el asunto su lectura "completa".

En mangas de camisa, relajado al término de su primera jornada de estancia en Japón, flanqueado por el ministro de Industria, Joan Piqué, y en presencia de cuatro secretarios de Estado que le acompañan en esta visita, Aznar se explayó sobre su proyecto liberalizador, que ayer expuso a los principales banqueros japoneses.Además de liberalizar sectores y rebajar y simplificar el impuesto sobre la renta, Aznar apuntó la adopción de nuevas medidas fiscales para incentivar los contratos a tiempo parcial como uno de los elementos de su política para crear empleo, sobre todo para los sectores con más paro, como las mujeres y las personas que acceden al mercado de trabajo.

Precisamente la situación del mercado laboral español fue una de las preocupaciones expuestas por los banqueros japoneses, según explicó el propio presidente del Gobierno, que calificó como "un falso debate" la reducción de las horas de trabajo. Anunció la presentación, la próxima semana, de un documento sobre el empleo y adelantó la oposición del Gobierno español en el Consejo Europeo sobre empleo, que se celebrará en noviembre en Luxemburgo, a cualquier medida que sea "contradictoria con la adopción de la moneda única". Nada que aumente el gasto público.

Aznar se recreó con su plan liberalizador, presidido siempre por el objetivo, dijo, de conseguir que España entre en el siglo XXI en las mejores condiciones. Lo lógico sería, dijo, que en los primeros años del nuevo siglo sólo quede en el sector público la minería.

El 'informe Barea'

La polémica suscitada por el PSOE en el reciente debate sobre los Presupuestos del Estado, en el que Joaquín Almunia sorprendió con un informe crítico del propio director de la Oficina Presupuestaria, José Barea, no dejó de irritar a Aznar, que, sin embargo, no aludió expresamente al supuesto segundo informe Barea, redactado a las 24 horas del anterior, según el Ejecutivo, y ya con un enfoque totalmente favorable a las cuentas del Estado. "Hay cientos de informes", respondió, para agregar que si ése es todo el argumento de la oposición, es "muy pobre". Afirmó que en la fecha del primer informe, el 24 de septiembre, presidió una reunión sobre los Presupuestos y ordenó una nueva cita para discutir las cifras. Al día siguiente recibió toda la información, y las cifras ya cuadraban.Sobre las posibles reformas de la Justicia y de la ley electoral, esta última solicitada por algunos dirigentes políticos como resultado del ascenso nacionalista en Galicia, Aznar dio repuestas contundentes. En el primer caso dijo que hay que diferenciar los problemas "de la Justicia" de los problemas "con la Justicia", en una clara referencia a los que pueden tener los socialistas con los GAL y Filesa. En su opinión, éstos sólo son un problema para el que los padece. Para los problemas "de la Justicia" se remitió al Libro Blanco aprobado por unanimidad por un Consejo del Poder Judicial "en el que todos sus miembros son de extracción parlamentaria".

Sobre la ley electoral, se mostró contrario a cualquier cambio, y aseguró que en 20 años jamás se ha producido "ningún fenómeno de inestabilidad política" por culpa del actual sistema. En su opinión, las urnas han dado, con esta ley electoral, unos resultados que permiten la gobernación del país, y abogó por terminar con el victimismo e impulsar las reformas administrativas y el desarrollo de los estatutos para hacer frente al problema autonómico. De su entrevista con el nuevo número uno del PSOE, Joaquín Almunia, aseguró que "salió mejor de lo que se dijo". En su opinión, "estaba escrito en el guión que tenía que ser un fracaso", de ahí que los socialistas la evaluaran negativamente.

Sobre los enfrentamientos entre medios de comunicación, dijo que el sector, que ofreció una gran colaboración durante la transición, sufre las tensiones de los cambios que suponen la aparición de "nuevos grupos" y nuevas tecnologías. En su opinión, hay que aceptar las "dimensiones adecuadas a la competencia" que se plantean en el mundo, y precisó que al Gobierno sólo le corresponde velar por la libre competencia. Las reglas de funcionamiento, en su opinión, hay que buscarlas dentro del sector, y agregó que "ojalá" se alcance ese acuerdo.

A la pregunta de un informador sobre un vídeo difundido de manera anónina para desacreditar a un conocido periodista, manifestó que él es de los que piensan que "hay límites para todo".

Sobre los planes de la extrema derecha para atentar contra el Gobiemo socialista en A Coruña en 1985, operación descubierta y neutralizada por el Cesid, dijo desconocerlo todo. "No tengo la más remota idea, y no me interesa".