Fuertes condenas y tardías excusas

EL TRIBUNAL Supremo ha condenado a fuertes penas de prisión a seis de los responsables del entramado Filesa, que la sentencia considera un montaje empresarial destinado a captar ilegalmente fondos para la financiación del PSOE. Son condenas altas, más de lo esperado: entre tres y once años para los cuatro principales implicados, condenados por asociación ilícita, falsedad en documento y delito fiscal. Dos antiguos directivos de importantes empresas que hicieron donaciones encubiertas al PSOE a través del entramado Filesa son condenados por apropiación indebida. La dirección del PSOE, por boca de su secretario general, Joaquín Almunia -qué tuvo reflejos para dar la cara apenas conocida la sentencia-, pidió ayer públicamente disculpas a la opinión pública.Ésta da por probado que Filesa era lo que parecía a simple vista y estaba acreditado por multitud de facturas y otras evidencias conocidas a través de la prensa desde poco después del estallido del escándalo, en 1991. Un tinglado montado para encubrir donaciones de entidades bancarias y otras importantes empresas a fin de financiar, en particular, las campañas electorales de las elecciones europeas y legislativas de 1989. La sentencia considera no acreditado que existieran contrapartidas a tales donaciones. Es verosímil que no las hubiera; que esas empresas accedieran a ayudar económicamente al PSOE simplemente para estar en buenas relaciones con un partido que llevaba siete años gobernando; para que les debiera un favor.

. Dar dinero a un partido no es en sí mismo un delito. Lo es recibirlo sin respetar la legislación electoral y sobre financiación de partidos. La sentencia considera probado que los principales acusados cometieron un delito de asociación ilícita porque el entramado que crearon tenía por objeto burlar las condiciones establecidas por la legislación en relación con la financiación privada de los partidos. La ley de 1987 establece una serie de requisitos y limitaciones que se intentaron burlar mediante el artificio de los supuestos informes realizados por Filesa. Por su parte, la Ley de Régimen Electoral fija unas limitaciones en los gastos electorales y considera delito electoral el falseamiento de las cuentas correspondientes a dichos gastos. Para el Tribunal Supremo, incluso si la financia ción irregular no fuera delito, lo habría en este caso en cuanto que los cuatro acusados se concertaron para conculcar esa norma electoral. Los otros delitos -falsedad en documento mercantil y fiscal- serían consecuencia de recorrido de ese delito primordial. En cuanto al de apropiación indebida por el que se condena a sendos ex directivos de Enasa y Cepsa, el Tribunal lo identifica en este caso con el concepto de administración desleal de un patrimonio ajeno.

Que la Ejecutiva Federal del PSOE pidiera excusas era lo mínimo que cabía esperar. Los socialistas han negado la evidencia hasta el último momento; unos, como Sala, con más aplomo que otros, como Galeote. El argumento de que la renuncia por parte de este último, ex responsable de finanzas, cubrió la exigencia de asunción de responsabilidades políticas es muy discutible. Los principales dirigentes del PSOE en 1989 alegaron en su momento que las responsabilidades políticas sólo podrían ser el resultado' en su caso, de la existencia de una condena de los tribunales, algo que esperaban no se produjera porque la financiación había sido totalmente legal. Seis años después, ya hay condena penal, pero ni González ni Guerra forman parte de la dirección socialista. Es evidente que el escándalo Filesa forma parte de los motivos que determinaron su relevo, pero sigue sin haber una justificación o petición de disculpas por parte de quienes encabezaban el PSOE en la época de Filesa.

Cuando saltó Filesa, la opinión pública desconocía que el PP -entre otros- utilizaba sistemas similares para financiarse: casos Naseiro, Cañellas, Zamora, etcétera, cuyos responsables apenas si han recibido benévolas amonestaciones. Pero los dirigentes del PP sí lo sabían, lo que no les impidió encabezar la manifestación e incluso presentarse como acusación particular en Filesa. Supremo ejemplo de hipocresía. Pero tiene razón el PSOE al admitir que la falta de transparencia de los demás "no nos disculpa".