Tribuna
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Juego sucio

El examen de los criterios de convergencia no es un examen al que tenga que someterse el Gobierno, sino que es un examen que tiene que aprobar el país en su conjunto. Aunque hay alguna formación política, como IU, que considera que prepararse para aprobar el examen es contraproducente, la mayoría de los partidos y de la opinión pública está persuadida de que lo mejor para España es integrarse en el grupo de países que lanzarán el euro como moneda europea.Este consenso básico es obvio que beneficia al partido que ocupa el Gobierno. Dado que el objetivo que se persigue no es del Gobierno sino del país, una oposición que no tenga vocación de marginalidad no puede no compartirlo y, en consecuencia, la crítica a la política económica del Gobierno tiene unos límites que, en otras circunstancias no tendría.

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Resulta lógico que el Gobierno se aproveche de esta situación que le beneficia. Presentar de manera creíble un éxito del país como un éxito propio es de las cosas mejores que le pueden pasar a cualquier Gobierno. Cuando el éxito, además, puede ser acreditado mediante un examen externo, como ocurre con el del euro, la ventaja es todavía mayor. Nada hay que objetar, en con secuencia, a que el Gobierno del PP se atribuya todo el mérito de la operación y subraye de manera expresa y reiterada que la incorporación de España al euro es una consecuencia exclusiva de su política económica, que no se habría producido si el resultado de las últimas elecciones generales hubiera sido otro.

Ahora bien, si no hay nada que objetar a esto, sí hay que objetar, y mucho, a que el Gobierno transforme la ventaja legítima en ventajismo y se aproveche de las circunstancias de manera torticera para, en algunos casos, agredir a un adversario que no puede responderle de la misma manera, o para ocultar información a la opinión pública en otros.

Esto, en lo que a las cuentas públicas se refiere, lo viene haciendo sistemáticamente el PP desde que ocupó el Gobierno. En el verano de 1996, a fin de justificar la subida de determinados impuestos especiales, descubrió un déficit oculto de la anterior administración valorado en más de 600.000 millones. En enero de 1997 justificó la congelación salarial de los funcionarios en la amnistía fiscal a los amiguetes ricos del PSOE por valor de 200.000 millones. En julio de este año aprobó un censo, pero no ordenó su publicación para que no influyera en la financiación de las comunidades autónomas. Recientemente, en comparacencia parlamentaria, el presidente del Gobierno más que dobló el endeudamiento heredado en RTVE. Y esta semana, en el debate de Presupuestos, hemos sabido que el Gobierno se salta a la torera un informe del secretario de Estado responsable de la Oficina de Presupuesto, que advierte de la existencia de un déficit oculto por valor de 600.000 millones.

El Gobierno del PP parece empeñado en un permanente ejercicio de confusión, a través del cual intenta que el foco se sitúe en la gestión del Gobierno anterior, dificultando o imposibilitando de esta manera el análisis de la suya propia.

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No sé si confía en que, con esta estrategia, va a conseguir ganar el suficiente tiempo como para llegar a las próximas elecciones sin que los ciudadanos hayan podido formarse una opinión sobre. su propia gestión. Pero está empezando a jugar con fuego. No hay nada que resulte más insoportable para la ciudadanía que advertir que el Gobierno de la Nación juega sucio. Y las manifestaciones de juego sucio de este Gobierno empiezan a ser muchas. En las cuentas públicas. En el control de medios. En política universitaria... La falta de lealtad a las reglas de juego siempre se acaba pagando.

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