La rebelión de los ricos

Con la excusa de Maastricht, estamos asistiendo al inicio de lo que podríamos llamar la rebelión de los ricos. De esas capas sociales que perciben que su contribución individual a la sociedad a través de los impuestos es superior a lo que ellos reciben en forma de bienes y servicios públicos. Sus portavoces defienden importantes rebajas fiscales y un mayor protagonismo de lo privado en educación, sanidad o pensiones, bien rompiendo el principio de aseguramiento único en lo sanitario, defendiendo el bono escolar o transferencias de las cotizaciones sociales públicas a gestores privados. Se persigue con ello un vaciamiento y un deterioro progresivo de los dispositivos colectivos de protección y promoción a partir de una financiación insuficiente de los mismos, buscando una retirada del Estado más o menos ordenada y un predominio de lo privado a través del mercado. Es una opción que cuenta con apoyos sociales y cobertura técnico-ideológica y que presenta como inevitables políticas que agudizan las desigualdades sociales existentes en Europa.No me atrevería a repetir, como dijo hace años un ministro entonces en activo, que la macroeconomía no es de izquierdas ni de derechas. Pero sí creo que no es verdad, como algunos dicen estos días, que el proyecto de unión económica y monetaria eleve a rango de ley dichas tesis neoliberales. No encuentro ninguna razón por la que los objetivos de un déficit público reducido, una inflación moderada y controlada, bajos tipos de interés y un tipo de cambio estable, que son los criterios de convergencia, deban ser patrimonio del neoliberalismo, dando a entender, por contra, que la socialdemocracia debería preconizar todo lo contrario. Creo que, planteado en esos términos, es un seudoproblema que, además, nos aleja de la verdadera discusión: conseguir todos esos objetivos y otros igualmente necesarios se puede hacer de muchas maneras, como también se pueden distribuir socialmente de formas distintas los costes y beneficios de lograrlo. Y ahí está el debate político, el de las opciones colectivas, sobre el que Maastricht no s e pronuncia ni tiene por qué hacerlo.

Se ha afirmado, y con razón, que ir en contra de la lógica económica acaba por conducimos al desastre. Pero la lógica económica no impone, de forma categórica e irrefutable, un único camino por el que transcurrir. Afortunadamente. Ni los economistas somos tan listos ni la existencia de distintas alternativas sociales, es decir, políticas, tiene por qué estar reñida con la sensatez económica.

Sin duda alguna, la creación de una moneda única y del marco de estabilidad económica necesarío para su funcionamiento -baja inflación y un reducido déficit público- conllevará cambios importantes que algunos intentarán aprovechar para llevar el ascua a su sardina. Sea ésta ideológica o de intereses. Sin embargo, conviene afirmar con rotundidad que el resultado final no viene impuesto por la unión monetaria o por supuestas verdades económicas en tomo a la eficiencia y la productividad.

Quienes pensamos que tal altemativa sería un importante elemento de fractura social al romper el principio de solidaridad y redistribución ínstitucional de la renta y la riqueza, también podemos y debemos hacer nuestra propuesta compatible con la prudencia económica y con Maastricht. El mercado, cuyo objetivo es el beneficio privado, ofrece aquellos bienes y servicios que se pueden comprar por quienes tienen dinero para ello. Consecuentemente, excluye al resto o los condena a la segunda división de la beneficencia. Pero la defensa de un Estado de bienestar sostenible, digno y cohesionador para todas aquellas facetas en que el mercado puro no es una solución aceptable, tampoco está reñida con la eficiencia, la productividad o los equilibrios macroeconómicos previstos para la entrada en vigor de una moneda única, aunque para ello tengamos que efectuar. reformas profundas sobre lo existente, sin que la presencia de fallos en el mercado deba hacemos olvidar los fallos del Estado, que también se dan y son conocidos. Entre desmantelar los instrumentos de cohesión social actuales y no tocar nada, debe situarse una propuesta progresista en lo social y coherente con la lógica económica de los tiempos que 'vivimos y con las preferencias cambiantes de los ciudadanos. Hay, pues, otra opción que desde el sector público pretende estimular la productividad de la, economía tanto de forma directa como regulando los mercados- y actualizar los mecanismos de protección social puestos en pie en las últimas décadas para llevar adelante la llamada convergencia real. Un proyecto que recurre al Estado como medio para forzar una auténtica igualdad de oportunidades, ampliando las capacidades reales de elección de los individuos. Los ricos, los menos ricos, incluso los pobres.

Hacer eso compatible con la existencia de una moneda única es posible, y debe ser el reto, y la ilusión, de quienes pensamos que el gran salto adelante producido en España desde la transición democrática merece una continuación y no una marcha atrás. Porque si miramos al pasado para entender el futuro no explicando las cosas en términos de milagro, sino de esfuerzo colectivo y continuado que nos ha permitido llegar a donde estamos, veremos que en los últimos 20 años hemos acometido el proceso de liberalización y apertura exterior más importante de nuestra historia, haciendo compatible este formidable avancé del mercado y la competencia con la puesta en pie de un Estado moderno y descentralizado con un potente sector público que a la vez ha ido privatizando importantes enclaves económicos. El resultado ha sido una sustancial elevación de la productividad, la riqueza, el nivel de vida, una sociedad más solidaria y cohesíonada, que ha incorporado el cambio permanente como estrategia adaptativa. Hemos superado de forma globalmente satisfactoria la transición hacia un modelo institucional democrático, tres graves crisis, el ingreso en las Comunidades Europeas y lo que vino después.

Los retos ya vencidos deben darnos confianza en nuestra capacidad para superar también, con éxito, lo venidero, siendo conscientes de que el futuro no está escrito y que incluso aceptando el proyecto de unión monetaria disponemos de diferentes alternativas sobre cómo hacer las cosas. En un sistema democrático, está en manos de los ciudadanos el elegir una opción u otra. Y eso va a depender tanto de la composición sociológica del país como de su visión, ideológica o intuitiva, sobre qué reglas deben primar en la organización de una sociedad justa. Gracias al principio de un hombre -y mujer- un voto, la rebelión de los ricos ni es la única política posible ni es inevitable que triunfe. Pero cualquier alternativa a la misma que se presente como vocación mayoritaria no puede volver la espalda a la dinámica de cambio implícita en la evolución de la sociedad ni a las nuevas realidades que condicionan, aunque no determinan, el margen posible de actuación.