Las autonomías reciben con recelo el estudio nacional de calidad impulsado por Educación

El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), del Ministerio de Educación, promovió a principios de año un estudio sobre el diagnóstico del sistema educativo, que prevé cerrar a finales de diciembre próximo. Dirigido a todas las comunidades autónomas, la diversidad de respuestas sobre la aceptación del mismo por parte de las consejerías de Educación augura que el resultado no podrá ser global.El estudio pretende calibrar la etapa 14-16 años (equivalente al segundo ciclo de la ESO, y a 1º y 2º de BUP y FP del plan antiguo), a través de los alumnos, el profesorado, los planes de estudio, la gestión de los centros y la participación de las familias en la vida escolar. Sin embargo, el antiguo consejo rector del INCE, en el que participan todas las comunidades, decidió que la ESO sólo sería evaluada una vez que su implantación se hubiera generalizado, dentro de dos años.

La consejería de Educación de Andalucía se ha negado a practicar las encuestas en los institutos de su territorio, diseñadas por las comisiones nombradas por el INCE. Otras comunidades, como la canaria, han introducido variaciones en los cuestionarios; o discrepan de que los cinco presidentes de las comisiones sean catedráticos de universidad, nombrados por el director del INCE, José Luis García Garrido en diciembre pasado.

En el cruce de disensiones, la subsecretaría de Educación sorprendió a la comunidad educativa con la convocatoria de un concurso (BOE del 27 de Junio 97) "para la contratación del estudio de análisis y diagnóstico del estado actual del sistema educativo en España": un segundo sondeo, adjudicado a Arthur Andersen por 15 millones de pesetas. Esta opción fue promovida por el subsecretario de Educación, Ignacio González, mientras la realizada por el INCE partió de la secretaría general de Eugenio Nasarre.

Traspaso de competencias

Andalucía, se ha retirado del estudio y sólo participa como miembro observador, aunque en una primera fase hizo su aporte a la elaboración de los cuestionarios. "El primer objetivo del proyecto", afirma Ignacio Gil-Bermejo, jefe del servicio de Evaluación de la consejería de Andalucía, "parece atender al traspaso de competencias el año próximo a las diez comunidades todavía tuteladas por el Ministerio. Para ese fin, lo que tiene que indagar el Ministerio es lo que está sucediendo en esas comunidades, sin necesidad de recurrir al carácter nacional del INCE.El examen se está practicando en los institutos de secundaria, controlado por las inspecciones educativas. Algunas consejerías de Educación como las de Canarias y Cataluña, han variado preguntas; o se han negado a hacer un estudio comparativo con el antiguo BUP, ya que la franja 14-16 años "es donde se da el mayor índice de fracaso dentro de la ESO porque a ella acuden también los niños que antes eran derivados a la FP por no poder atender a las exigencias del BUP", comenta Amparo Valcarce, diputada del PSOE por León.

La mayoría de las comunidades no ha aceptado el apartado sobre clima escolar o violencia en las aulas -"insultante, manifiesta la directora del Instituto Giner de los Ríos de León-, y muchas han aplicado los cuestionarios sólo de forma parcial.

El sondeo de Cataluña se ha limitado a calibrar el nivel de los alumnos, "sin hacer comparaciones con el pasado; no era el momento", afirma un técnico. En paralelo, a principios de octubre, el Parlamento catalán aprobó, con los votos del PP y el apoyo de CiU, una moción para instar al Gobierno a modificar la ESO diversificando los itinerarios en el segundo ciclo, "con el pretexto potenciar las humanidades", explica Amparo Valcarce.

Canarias, al igual que otras comunidades, detectó defectos técnicos, y, en el capítulo del rendimiento estudiantil, añadió una prueba de lengua y otra de matemáticas para alumnos del 4º de la ESO anticipado. Además, hizo un sondeo a los profesores de lengua y matemáticas, y otro a los directores de los centros. Finalmente, practicó un cruce de datos entre los cinco apartados. "Canarias tiene una política decidida de impulsar la reforma", afirma Esther García García, directora del Instituto Canario de Evaluación y Calidad.

Para los críticos, técnicos en evaluación y oposición socialista, el haber seleccionado "esta franja de edad significa que el Ministerio quiere dar un sesgo al estudio, evaluando la ESO para obtener un resultado negativo de una reforma que no comparte la Ministra Esperanza Aguirre".

Pero, apuntan los críticos, la ministra se enfrentará a dificultades debido a la reciente declaración conjunta de apoyo a la reforma en la que participaron 18 organizaciones de padres profesores y patronal de centros privados de variado signo político.