Todos los partidos respetan la decisión de aplazar el juicio y piden que se evite su, politización

La recusación contra el presidente de la Sala Segunda del Supremo, José Augusto de Vega, presentada por los defensores de la cúpula de HB, no ha pillado de sorpresa a los partidos políticos. Todas las formaciones han señalado que, si bien es una maniobra dilatoria de los acusados, se trata de una táctica legítima que debe considerarse como un incidente procesal sin más, despojado de todo tinte político. Tan sólo Felipe González e Iñaki Anasagasti se salieron de la tónica general: el primero aseguró que HB ha sacado partido de las descalificaciones lanzadas sobre De Vega desde IU y el Gobierno a cuenta del caso Filesa, y el portavoz peneuvista dijo que "entiende" la recusación porque él también duda de la imparcialidad del juez.

El ex líder del PSOE dijo ayer en Ourense que aunque ayer a muchos no les gustó que HB recusase a De Vega, el terreno fue abonado durante el verano desde "áreas gubernamentales y de IU" con las descalificaciones vertidas sobre el presidente de la Sala Segunda, encargada de juzgar la? presunta trama de financiación ilegal del PSOE. "Ahora otros -se aprovechan de la misma onda", agregó. González recordó implícitamente al magistrado Javier Gómez de Liaño, para quien la justicia "es genuflexa y servil". Sin embargo, el ex secretario general socialista dejó claro que "el Tribunal Supremo, al aceptar la recusación, está respetando las reglas del Estado de derecho".Por su parte, en declaraciones a la agencia Servimedia, Iñaki Anasagasti afirmó que "todo el mundo sabe quién es el juez José Augusto de Vega" y que él mismo tenía "dudas sobre su imparcialidad porque ha demostrado en reiteradas oportunidades que no lo es".

Las manifestaciones de Anasagasti contrastan con las de su compañero de filas Xose Joan González de Txabarri, para quien la estrategia judicial de los defensores de la Mesa Nacional de la coalición abertzale demuestra lo difícil que resulta ser demócrata con aquéllos que no lo son. "Esto demuestra cómo los que permanentemente están manifestando la necesidad de actuar fuera de las normas democráticas se asen a ellas fuertemente en defensa de sus propios intereses", agregó. La recusación contra De Vega, basada en que una de las hijas del magistrado es funcionaria policial, fue rechazada ayer mismo por "extemporánea" por el Tribunal Supremo.

Populares, socialistas y CiU coincidieron en reducir a un mero incidente procesal la presentación de la recusación, su admisión a trámite y su posterior rechazo, y respetaron la decisión del tribunal de aplazar el juicio hasta el próximo lunes. El portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, señaló que que la suspensión temporal de la vista no afectará al desarrollo del proceso y que hay que dejar a los tribunales que enjuicien los hechos ocurridos sin entrar en valoraciones políticas.

En parecidos términos se expresaron el portavoz socialista, Jesús Caldera y el de CiU, Luis Recoder. De la misma opinión fue Rosa Aguilar, portavoz de Izquierda Unida, quien aseguró que no debe sorprender que la defensa de la Mesa Nacional de HB haga uso de todos los mecanismos legales a su alcance, y que debe dejarse actuar a los jueces con independencia y sin presiones para evitar convertir el juicio en un proceso político que pueda ser aprovechado por el entorno etarra.

Algo menos sosegada fue la reacción de las acusaciones personadas en el proceso. Los letrados de la Asociación Víctimas del Terrorismo calificaron la recusación de "maniobra dilatoria de largo alcance" y señalaron que hubo "mala fe" en la iniciativa de los letrados de la cúpula de HB.