La Comisión de Derechos Humanos de la ONU niega haber apoyado la política de dispersión de presos

La filtración, en Madrid, de una noticia sobre el supuesto rechazo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de una demanda contra España por la política de dispersión de presos etarras originó ayer un desmentido del portavoz de la comisión en Ginebra, John Mills.El portavoz explicó que no ha existido ninguna comunicación al Gobierno español porque la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías no trató el tema de España durante su sesión del mes de agosto.

Mills añadió que no podía proporcionar las razones por las que una demanda de una ONG no pudo ser tratada en las sesiones anuales. "No puedo comentar los procesos confidenciales de la misma". Según Mills, en la prensa española se sugirió que existió una carta de la Comisión dirigida al Gobierno español en la que rechazaban las demandas, pero ésta nunca existió.

La Comisión de Derechos Humanos, compuesta por representantes de más de 80 países, tuvo sus sesiones anuales en abril, y la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de Minorías, integrada por expertos independientes, deliberó en Ginebra en agosto. Ninguna de las dos emitieron resolución alguna sobre España, reiteraron las mismas fuentes.

La comisión había recibido dos denuncias contra la orden de prisión para el dirigente de HB Jon Idígoras, y una demanda presentada por la ONG Asociación para la Prevención de la Tortura contra la política de dispersión de presos etarras. El Gobierno respondió a través de los servicios jurídicos del Estado dependientes del Ministerio de Justicia.

Confirmación de Exteriores

El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó ayer que el Gobierno no ha recibido ninguna comunicación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la denuncia contra España por la política de dispersión de los presos de ETA, ya que las desestimaciones no se fundamentan ni se comunican.

.Las demandas contra España sencillamente han decaído en la subcomisión, según se ha sabido de forma no oficial. Además, el procedimiento reservado obliga a todas las partes a mantener la confidencialidad en todo el proceso, por lo que oficialmente la Oficina de Información Diplomática ni siquiera debe pronunciarse.

Fuentes diplomáticas señalaron que la denuncia contra España -tras su entrada en la comisión y las consiguientes alegaciones presentadas por el Gobierno español- no ha sido considerada en la subcomisión que, en grupo de trabajo, realiza una primera criba de las numerosas demandas que se presentan contra diferentes Estados. Esas mismas fuentes lamentaron la filtración que se ha producido, ya que perjudica la imagen de España en el sentido de violar la confidencialidad que el procedimiento exige y que beneficia, habitualmente, a los Estados.

Algunos medios de comunicación presentaron la noticia como un aval de la ONU a la política de dispersión de etarras.