La liquidación de 1995 cuestiona la nueva financiación autonómica

El nuevo sistema de financiación autonómica, pactado en 1996 por el PP y CiU y asumido por 12 comunidades, se arriesga al fracaso al eliminar los mínimos garantizados. Los datos de la liquidación de 1995 muestran que nueve de 14 autonomías ni siquiera alcanzaron ese año, por la evolución a la baja del impuesto -que perjudica a la mayoría y, por supuesto, a las más pobres-, los mínimos asegurados por el método vigente entonces y han tenido que acogerse a ellos. Un detalle preocupante para el futuro.

El secretario de Estado de Re laciones con las Cortes, José María Michavila, ha hecho públicos los datos de la liquidación de la participación de las comunidades en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 1995.Los números, cuyo conocimiento había levantado gran expectativa en las comunidades, muestran, según refleja el cuadro, que Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León no han alcanzado, por la evolución de sus IRPF, los mínimos garantizados por el sistema de financiación vigente en ese momento, y que son los que, por tanto, se les han aplicado.

También se aprecia que Cataluña, Galicia, la Comunidad Valenciana y Canarias están por encima de los mínimos garantizados, pero muy por debajo de los máximos. Sólo Baleares supera ese techo, que es el que lógicamente se le ha asignado. No están computados el País Vasco y Navarra al regularse por el régimen foral, y tampoco Extremadura porque rechazó este sistema de financiación.

En 1995, año cuya liquidación acaba de conocerse, el método de financiación preveía que cada comunidad tuviera garantizado un mínimo equivalente al 0,5% de su Participación en los Ingresos del Estado -los generales más el 15% del IRPF y los tributos cedidos-

Fue un colchón de seguridad que el Gobierno, entonces socialista, introdujo para evitar desigualdades y nueve de las 14 comunidades han tenido que acogerse a él.

El sistema preveía, asimismo, que el máximo hasta el que una comunidad podría elevar sus recursos fuera equivalente al 2% de la Participación en los

Ingresos del Estado. Sólo Baleares ha sufrido ese tope.

El senador socialista Octavio Granados, que preguntó al Gobierno sobre la liquidación de 1995 en la Cámara Alta, afirma que, a la vista de los datos, "el nuevo sistema, pactado por el PP y CiU, perjudicará, al eliminar los mínimos, a las nueve comunidades" que no los alcanzaron ese año.

Del 15% al 30%

Tras su triunfo electoral en 1996, José María Aznar pactó con los nacionalistas catalanes una reforma del sistema que elevó la participación de las comunidades en el IRPF del 15% al 30%. Pero la principal novedad consistió en la eliminación de los topes, mínimo y máximo, y la introducción de la capacidad normativa, a la que no se ha acogido ninguna.

Granados estima que "la liquidación de 1995 pone de manifiesto la disminución de la eficacia recaudatoria del IRPF,

acentuada en 1996 y 1997, lo que, al eliminarse los mínimos garantizados, "supondrá un retroceso para la equidad del sistema". "A la luz de el lo, el fondo de nivelación económica -dotado con 10.000 millones- que estableció como compensación el sistema pactado por el PP y CiU tiene menor eficacia que el mantenimiento de los mínimos", puntualiza.

Granados concluye que los datos de 1995, que muestran la caída de la recaudación del IRPF "desmienten la tesis, defendida por el Gobierno, de que las comunidades más pobres se verían beneficiadas por el nuevo sistema".

De hecho, la liquidación de 1995, con el sistema anterior aún vigente, pone de relieve, por el contrario, que las comunidades menos beneficiadas son las mesetarias, las del sur y las de la cornisa cantábrica. Sin embargo, son las mediterráneas -Cataluñay Comunidad Valenciana- y las isleñas las más beneficiadas.