Lucas tiene un plan

La Junta de Castilla y León estudia bajar las exigencias de inversión a las cajas

Predicar liberalismo y practicar intervencionismo. Éste, a la vista de los hechos, parece ser el lema de la filosofía económica del Partido Popular. Un lema que, al menos en su segunda parte, está intentando poner en práctica ahora con las cajas de ahorros de Castilla y León, comunidad que preside Juan José Lucas, una de las figuras con más peso dentro del PP y uno de los hombres más cercanos a José María Aznar.Lucas, a través de su Consejería de Economía, puso sobre la mesa de las cajas de ahorros y rurales de la comunidad un proyecto que obliga a éstas a destinar el 80% de sus recursos propios (unos 170.000 millones) a empresas fijadas desde la Junta de Castilla y León, que operen en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la energía, la agroalimentación o la automoción.

Este planteamiento desencadenó la rebelión de las entidades afectadas, especialmente las de menor tamaño (las dos de Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia). Las mayores, Caja España y Caja Duero (antes Salamanca y Soria), fueron, desde el principio, menos críticas, básicamente porque la primera está absolutamente controlada por el PP y porque ambas pueden ser las grandes beneficiadas del proyecto.

¿Por qué? Ambas tienen importantes inversiones directas o créditos comprometidos en sectores y empresas clave de la región y ambas, especialmente la rebautizada Caja Duero, son aspirantes a encabezar una futura gran fusión en la comunidad.

Sin embargo, incluso los técnicos de estas cajas, observan que una aplicación estricta del esquema Lucas puede entrañar una caída de la rentabilidad e, incluso, provocar algún resfriado financiero. [El ex vicepresidente económico del Gobierno y presidente de honor de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, CECA, Enrique Fuentes Quintana, rechazó ayer en Salamanca cualquier tipo de "operación intervencionista en las cajas"].

Según varias fuentes de las cajas, es posible que Lucas rebaje sus pretensiones iniciales y proponga, tal vez mañana mismo, un texto alternativo más aceptable para las cajas. De momento, los presidentes y directores de las afectadas están convocados a una reunión urgente en Valladolid mañana.

En principio, la Junta podría acceder a rebajar del 80% al 60% el tope máximo de los recursos propios a destinar a unas inversiones que ya no serían impuestas desde la Junta. La elección sería de las cajas. La inversión no se haría directamente, como proponía la Junta, sino a través de una sociedad de capital riesgo, una fórmula ya empleada por la Xunta de Galicia y que está impulsando la Junta de Andalucía.

Algo que parecía un conflicto muy localizado, ha superado las fronteras de Castilla y León. La Junta y la CECA han vivido un duro rifirrafe. La CECA acusó a la Junta, siempre sin citarla directamente, de atentar contra la libertad de empresa. Lucas, que relevó a su consejera de Economía, Isabel Carrasco, en la defensa pública del proyecto, acusó a la CECA de querer "llevarse el pasivo de la región".

Amén de dirigirse a su presidente, Braulio Medel, como "el artista" y recordarle que se encuentra "en periodo electoral". Este episodio ha vuelto a disparar los rumores sobre el relevo de Medel al frente de la CECA. Su actual mandato oficial acaba a finales del 1998, pero es muy probable que se adelante esa fecha.

Algunos analistas opinan, que su enfrentamiento con Lucas supone la muerte política de Medel. Otros, sin embargo, creen que su defensa de las cajas castellano-leonesas le ha granjeado la confianza de quienes ven en el movimiento de Lucas sólo un paso en la estrategia intervencionista del PP.

El proyecto ha puesto en difícil situación al Banco de España. La autoridad monetaria, que vela por la buena salud de bancos y cajas, ha mantenido un prudente silencio, aunque, discretamente, ha mostrado su "preocupación" en círculos de influencia claves.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0027, 27 de septiembre de 1997.

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