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La Complutense expedienta a la promotora de los cursos de aceite

La Universidad Complutense ha decidido abrir un expediente informativo a Petra María Secanella, profesora titular en la Facultad de Ciencias dé la Información, para averiguar si utilizó fraudulentamente el Instituto Universitario de Comunicaciones Avanzadas, dependiente de la Complutense, para conseguir una subvención multimillonaria de la Comunidad de Madrid..Dicha subvención, de 163 millones, ha sido paralizada por orden del juzgado de instrucción número 40.

Petra María Secanella presentó el 2 de marzo pasado un proyecto de formación en nombre de la asociación Pro Cultura del Olivo Mediterráneo, de la que es presidenta, para impartir cursos de periodismo y catas de aceite.

En su solicitud, Secanella explicaba que una empresa de su propiedad (I + D Olivo Mediterráneo) y el Instituto Universitario dé Comunicaciones Avanzadas, dependiente de la Complutense y en el que Secanella figura como directora ejecutiva, se encargarían de impartir los cursos.

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Los responsables regionales no pidieron ninguna confirmación de que la Universidad Complutense estaba detrás de dichos cursos. Se fiaron de la palabra de Secanella y, de hecho, sólo consiguieron un presunto certificado del aval de la Complutense más de un mes después de que hubieran Finalizado los cursos. El consejero de Economía, Luis Blázquez, aseguró a este periódico que si habían dado tanto dinero a una asociación particular (la que más subvención consiguió de los fondos europeos) era porque venía respaldada por la Complutense.

El rectorado investiga si Secanella usó ilegalmente símbolos universitarios

La Universidad elaboró ayer un comunicado en el que negaba que hubiera avalado la propuesta de la Asociación Pro Cultura del Olivo Mediterráneo. De hecho, los dirigentes de la Complutense sostienen que el Instituto de Comunicaciones Avanzadas (lUCCAA) "no organizó estos cursos", ya que, en ese caso, la petición de la subvención debería haber pasado, forzosamente, por los controles del rectorado. En 1996, la universidad que dirige Rafael Puyol recibió más de 500 millones de pesetas de la Comunidad de Madrid con cargo a diversos programas de formación financiados por el Fondo Social Europeo.En el mismo comunicado, los dirigentes de la Complutense aseguran que no se puede hablar "de ningún tipo de aval, y menos de aval académico", ya que "un instituto no puede avalar nada por sí mismo".

Así pues, la inspección de servicios de la Complutense se encargará, a partir de ahora, de determinar si ha existido una "utilización fraudulenta" de los símbolos universitarios.

En ese caso, Petra María Secanella se vería abocada, con toda probabilidad, a la inhabilitación.

Antes de la resolución de esta inspección, ayer se barajaba la posibilidad de que el rector, Rafael Puyol, destituya cautelarmente a Secanella como directora ejecutiva del lUCCAA.

Lo cierto es que la propia Secanella admitió, en declaraciones a este periódico, que había empleado distintos símbolos universitarios durante su gestión de los cursos sobre periodismo y aceite. En su defensa, la profesora adujo: "Está por ver que eso sea malo". Secanella explicó a continuación que su idea era abandonar la dirección del lUCCAA: "Ya me cansé", señaló.

El único documento que la Comunidad de Madrid presenta como prueba de que la Universidad Complutense respaldaba con su prestigio los cursos sobre periodismo y catas de aceite está fechado el 19 de noviembre, un mes después de que finalizaran los cursos y ocho meses después de que la dirección general de empleo los adjudicase.

Dicho documento, firmado por el vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información, Ricardo Pérez Amat, no sirve como aval. Pérez Amat explicó ayer a EL PMS que ese escrito tan sólo se, refiere. a la decisión de la Comisión Gestora de preguntar al rectorado si era legal un acuerdo de colaboración entre el lUCCAA y la Asociación Pro Cultura del Olivo Mediterráneo.

Letras de cambio

Mientras la Complutense resuelve qué hacer, algunos de los profesores que participaron en los cursos empiezan a sufrir en sus bolsillos las consecuencias del impago decidido por la Comunidad de Madrid.

Los profesores obedecieron a los técnicos regionales y aceptaron, el pasado mes de enero, recibir como pago unas letras de cambio. Algunos de los profesionales, confiados en el cobro de estas letras, pidieron a sus bancos que les adelantaran parte del dinero.

Al no haberse hecho efectivo abono alguno, ahora se enfrentan a la exigencia de sus entidades financieras de que devuelvan las cantidades percibidas con los correspondientes gastos, que pueden rondar las 80.000 pesetas, según afirma uno de los afectados.

Los profesores que impartieron los cursos acusan a la Comunidad: "Si había irregularidades, los responsables autonómicos tenían que haberlas detectado al principio de los cursos, con lo que se hubiera paralizado el programa de formación. De esa manera, todos nos hubiéramos ahorrado dinero y problemas".

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