Las gestoras consideran confiscatorio gravar un 0,15% el volumen de los fondos de inversión

El anuncio de que el Gobierno piensa establecer un impuesto del 0,15% sobre el patrimonio administrado por las sociedades gestoras de fondos de inversión hizo reaccionar ayer a Inverco, su patronal. En un duro comunicado afirmó que ese nuevo tributo, que además no haría referencia a los beneficios, sino al volumen gestionado, sería "discriminatorio y en muchos casos confiscatorio" porque su importe podría superar los beneficios de las sociedades gestoras, por lo que podría ser incluso "tachado de inconstitucional". Comisiones Obreras y UGT, por su parte, se mostraron en contra de las afirmaciones del Gobierno y aseguraron ayer que las medidas previstas sí aumentarán la presión fiscal.

La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco) señaló ayer en un comunicado que no tiene constancia oficial, a pesar de mantener "un estrecho contacto con el Gobierno y los grupos parlamentarios, respecto a que el Gobierno esté estudiando establecer un nuevo impuesto a las sociedades gestoras de fondos de inversión, que actualmente controlan 24,8 billones de pesetas pertenecientes a cerca de cinco millones de ahorradores, un nuevo impuesto que gravaría con el 0, 15% a estos fondos". Y, en todo caso, afirma que "una medida de este tipo parece absolutamente excluible".La asociación patronal indica que "en ningún país del mundo existe precedente de un impuesto de este tipo", y recuerda que las sociedades gestoras tributan el 35% en el impuesto de sociedades, sin deducción ni reducción alguna.

En 1996, las gestoras, según Inverco, obtuvieron un beneficio antes de impuestos de 72.000 millones, y tributaron por impuesto de sociedades 21.400 millones. Si hubiera existido el nuevo impuesto, la tributación se habría incrementado en otros 25.000 millones.

Aumento de recaudación

"Con estas comisiones", explica, las sociedades gestoras tienen que cubrir todos los gastos de gestión financiera, de administración y, en particular, de comercialización, que en otros países se cubren con las comisiones de suscripción".

"No parece, por ello, que el Gobierno pueda contemplar seriamente esta hipótesis, tanto más cuando la recaudación en 1998 por incremento de patrimonio va a aumentar sustancialmente por la aplicación del nuevo régimen establecido en 1996, que obliga a tributar siempre, cualquiera que sea la inversión y el plazo de la misma, aunque sea al tipo reducido del 20%, que es más alto que el tipo efectivo de gravamen", insiste.

Inverco estima que la recaudación por incrementos de patrimonio estará comprendida el año próximo, como mínimo, entre 250.000 millones y 300.000 millones de pesetas, frente a apenas 60.000 millones que se recaudaron en 1994.

Por otra parte, la Cadena Ser informó ayer que el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, ha pedido a los presidentes autonómicos del PP que defiendan, sin fisuras, los próximos Presupuestos Generales del Estado para 1998 y les ha advertido que las cuentas del Estado no incluirán este año las denominadas enmiendas de campanario (las partidas económicas que diputados y senadores negocian a última hora).

Según la Cadena Ser, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, en una reunión mantenida el pasado martes con los senadores del PP, llegó aún más lejos que Rato y les prohibió ofrecer ruedas de prensa en las que anuncien posibles inversiones futuras del Gobierno central a través de enmiendas de última hora en los Presupuestos Generales. Solamente deben repetir consignas gubernamentales; esto es, "España va bien", "Con estos Presupuestos el país se colocará en el grupo de cabeza de la Unión Europea, o "El Gobierno mantiene su promesa de no subir los impuestos".

Contradicción política

Esta línea argumental fue seguida ayer por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Javier Arenas, quien negó en Sevilla que las medidas recogidas en la ley de acompañamiento de los Presupuestos supongan un aumento de la presión fiscal. "No se puede hablar en absoluto de incremento de la presión fiscal", afirmó.

También el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, siguió fielmente esta pauta al negar ayer en Vigo que las últimas medidas impositivas supongan un aumento de la presión fiscal.

El secretario de información de CC OO, Javier Doz, señaló la preocupación de su sindicato porque los cambios fiscales anunciados por el Gobierno sean el anticipo de una reforma fiscal y calificó de "regresivo" el aumento en un 15% y 20% de las retenciones a profesionales y consejeros de empresas, el aumento medio del 6% de las tasas y la subida del impuesto de seguros de riesgo del 4% al 6%.

Doz añadió que estas medidas son "contradictorias" con la campaña que el PP hizo en 1996 y afirmó que, con ellas, "el Ejecutivo ha abierto un frente de oposición de los sindicatos al Gobierno y a los Presupuestos". Doz afirmó que "sí aumentará la presión fiscal".

Por su parte, el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, afirmó ayer que esas medidas fiscales profundizan en la regresión fiscal y sólo priman a empresarios y a las rentas del capital.