Palabras y hechos

EL MANIFIESTO de apoyo a la reforma educativa ha puesto en un aprieto a Esperanza Aguirre, que se ha visto obligada a realizar atropelladas piruetas para neutralizar, digerir y aplaudir -por este orden- el documento promovido por la Fundación Encuentro y firmado por una veintena de asociaciones de la comunidad educativa. A pesar de su perseverante exhibición de alegría, la ministra de Educación ha encajado el manifiesto como un contratiempo, ya que la deja políticamente aislada. Ella misma y sus colaboradores han tratado de impedir la incorporación de las dos organizaciones católicas firmantes, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y la asociación católica de padres Concapa, así como la de Comisiones Obreras. Ahora no les queda más remedio que negarlo, pero los intentos no han sido ninguna fantasmagoría.La Declaración conjunta en flavor de la educación respalda "Ias líneas básicas de la repalda", con especial mención a su carácter comprensivo (no segregador de alumnos por el rendimiento); advierte contra "la vieja tentación de tejer y destejer" de los Gobiernos; propugna una "potenciación" de la enseñanza pública compatible con la adecuada dotación de recursos a la enseñanza concertada, y reclama un acuerdo parlamentario para aprobar una ley de financiación de cinco años que permita implantar el sistema educativo que los socialistas pusieron en marcha en 1990 con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). El objetivo es acercarse en cinco años a un gasto educativo del 6% del PIB, similar a los países europeos avanzados, lo que requeriría una inversión extra de un billón de pesetas entre todas la administraciones públicas.

La ministra se remite a las hemerotecas para demostrar su voluntad de pacto y argumentar una satisfacción poco verosímil. En los periódicos están sus declaraciones genéricas en favor de un Acuerdo Nacional de Educación, pero también sus críticas demoledoras a la reforma educativa en la conferencia que el 26 de mayo pronunció en el Club Siglo XXI. Se desmarcó entonces del sistema que gestiona y dijo de él que ha condenado a toda una generación a la ignorancia como consecuencia de una "política equivocada". Respecto a la comprensividad, afirmó que "expresa la utópica pretensión de que todos los alumnos, hasta los 16 años, puedan estudiar juntos", que confunde "igualdad con igualitarismo" y que ha provocado un "descenso generalizado del nivel de conocimiento" en los alumnos.

Es lógico que quien ha arremetido contra ella hace apenas cuatro meses se sienta ahora más que incómoda con una declaración conjunta en la que las organizaciones educativas defienden la "comprensividad" y reclaman fondos para aplicarla. Pero la ministra pide demasiado si espera que los ciudadanos crean que la iniciativa coincide con su propuesta de pacto educativo.

La reforma que se está implantando es una compleja operación educativa y política que requiere cohesión social, estabilidad y recursos económicos para evitar que fracase. Todos los esfuerzos serán pocos para sortear los escollos, especialmente en secundaria. Las organizaciones firmantes han hecho un esfuerzo colosal para plasmar en siete fólios el máximo común denominador de sus divergentes concepciones educativas. Laicos y religiosos, públicos y privados, patronos y sindicalistas han conseguido el milagro coordinados por José María Martín Patino, presidente de la Fundación Encuentro, y Alvaro Marchesi, ex secretario de Estado de Educación.

Ahora hay que pasar de las palabras a los hechos: es el turno de los partidos y del Gobierno. La piedra de toque será la ley de financiación, la misma que los populares pedían cuando estaban en la oposición y los socialistas rechazaban desde el Gobierno. Esperanza Aguirre tiene la oportunidad de promoverla y demostrar con hechos que su acogida alegre y confiada responde a algo más que a la táctica del disimulo.