Entre lo falso y lo ínteresado

La decisión del Gobierno central de ofrecer un mayor protagonismo a las comunidades autónomas en los asuntos de Estado que directamente afectan a los ciudadanos es, sin lugar a dudas, un camino que debiera haberse emprendido hace tiempo para corresponsabilizar a las autonomías en el control y gestión de los recursos públicos. Decisiones como la instauración del nuevo modelo de financiación autonómica, aun con sus interrogantes, van en esta dirección. El Gobierno de José María Aznar ha adoptado otras de menor entidad, pero en la línea de ofrecer a las autonomías un mayor grado de responsabilidad en su autogobierno.Una de esas decisiones es estos días motivo de controversia. El Gobierno entendió que era oportuno crear un servicio público que, a nivel autonómico, integrara todos los esfuerzos que los distintos responsables públicos venían haciendo en favor del empleo. Para ello restructuró el Inem traspasando al Instituto Nacional de la Seguridad Social el pago de las prestaciones por desempleo, y dejando el resto de sus funciones prácticamente intactas. El segundo paso consistió en iniciar la territorialización del mismo, es decir, traspasarlo a las comunidades autónomas para configurar un servicio eficaz e integral de lucha contra el paro, uno de los problemas que debiera tener la consideración de cuestión de Estado y estar al margen de corporativismos, de visiones apriorísticas y trasnochadas, y de luchas fraticidas y partidistas.

Como se sabe, el nivel de autogobierno de las distintas comunidades autónomas no es el mismo. Cada una, en su estatuto, tiene un nivel competencial diferente y, por tanto, también distintas características tienen las competencias que reciben. De hecho, el traspaso del Inem a las comunidades a las que se ha hecho efectivo hasta el momento no ha sido el mismo, presentando, según la autonomía, peculiaridades diversas.

La autonomía de Euskadi, en este sentido, no es ni mejor ni peor que las demás. Es simplemente distinta. Tiene previsto un marco competencial que puede considerarse amplio (comparado con el resto), y tiene una especificidad singular: su modelo de financiación se rige por el conocido concierto económico. Atenta a la razón pensar que alguien plantee que una transferencia, cualquiera que ésta sea, se lleve a cabo a una autonomía con el mismo régimen y contenido que a Euskadi. Simplemente será igual si su estatuto lo permite y contempla, y si cuenta con un modelo de concierto y cupo. De modo contrario se estaría violentando el marco establecido, cuyo cambio puede reclamarse, dicho sea de paso, de forma legítima.

El modelo de traspaso que Euskadi tiene del Inem. no es el del PNV, ni siquiera el del Gobierno vasco. Es el modelo de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco. Este modelo parte de lo previsto en el Estatuto de Gernika. El artículo 12 apartado segundo del mismo, dedicado a las competencias laborales, concluye afirmando que corresponderá al País Vasco promover "la cualificación de los trabajadores y su formación integral". Todos los partidos parlamentarios vascos respaldaron a finales de 1995 que la forma de llevar a cabo esta labor era, como no puede ser de otra forma, aplicando el modelo de concierto económico. Lo que exige recaudar las cuotas que financian el servicio de formación a los desempleados y emprender los correspondientes ajustes en el cupo para que el efecto financiero sea neutro. La negociación del Inem no se plantea por dinero, por más recursos, sino por hacer más eficaz la lucha contra el paro y la marginación. Así de simple.

Los servicios de intermediación y de promoción y gestión de empleo del Inem. que también se plantean como transferibles no han sido motivo de atención, aunque sí la recaudación de la cuota correspondiente a formación porque, al parecer, rompe el modelo de "caja única" de la Seguridad Social. Dicho más ampliamente, se le acusa al País Vasco de un egoísmo cainita, de estar al margen de los mecanismos de solidaridad entre las regiones, y de no querer contribuir al trasvase de recursos de las poblaciones ricas a las pobres para lograr un Estado más justo y cohesionado. Pues bien, todas estas acusaciones son falsas e interesadas.

Las cuotas que pagan empresarios y trabajadores para formar y reciclar a las personas en paro no son parte de los recursos de la Seguridad Social que, simplemente, se limita a recaudarlas lo mismo que pudiera hacerlo Hacienda. Esto no lo dicen los partidos vascos, ni el Gobierno vasco, ni el PNV. Lo dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 124/89. ¿Puede alguien sostener sin sonrojo que el dinero que se utiliza para dar cursos de soldadura, de albañilería, de electricidad, de infórmática, etcétera, es un recurso intangible de la Seguridad Social?

Las acusaciones de insolidaridad contra el País Vasco no son nuevas. Euskadi es y quiere seguir siendo solidaria con el resto de las comunidades autónomas del Estado porque cree en ello y su vocación solidaria está suficientemente acreditada. Los mecanismos para hacer efectiva esta solidaridad están establecidos y funcionan. Otra cuestión diferente es si la solidaridad está bien articulada en el seno del Estado. En lo que al Inem se refiere, el País Vasco está dispuesto a establecer con el Estado los mecanismos necesarios para garantizar una adecuada coordinación y gestión solidaria de los fondos.

Los sindicatos UGT y CC OO se han mostrado especialmente sensibles y críticos con este asunto. Ya lo fueron cuando se planteó el traspaso de la formación continua. Es curioso comprobar cómo unas organizaciones de estructura interna confederal tienen comportamientos tan jacobinos y realizan interpretaciones tan unívocas. Ambos sindicatos llevan años consumiendo buena parte de su tiempo en la acción institucional. Han centralizado, junto con la CEOE, buena parte de su labor negociadora y reivindicativa. Han conseguido centralizar la gestión de cientos de miles de millones. La menor noticia de que estos fondos puedan territorializarse les pone simplemente nerviosos. Al igual que las noticias sobre la gestión de los mismos. (Para este verano estaba anunciado el informe del Tribunal de Cuentas sobre el primer periodo de vida del FORCEN sin que todavía se conozcan sus resultados).

Es cierto que el Acuerdo Nacional sobre Formación suscrito por UGT, CC OO y Gobierno central contempla los fondos de formación como pertenecientes a la "caja única" de la Seguridad Social. Se incluyó como propuesta de sindicatos y patronal porque se pretende cercenar cualquier posibilidad de que estos fondos se trasfieran o descentralicen a una autonomía. Estos dos sindicatos y la CEOE han interpretado y sentado que el Estatuto de Gernika en materia social no puede ni debe desarrollarse. Los motivos de esta actitud tendrán que explicarse porque estamos hablando de una ley orgánica que regula el autogobierno de los vascos.