Las transferencias no universitarias se retrasarán varios meses

La firma de las transferencias educativas no será el próximo 1 de enero como estaba previsto. El Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y las 10 comunidades pendientes de asumir las competencias dan por hecho el retraso, que oscilará entre tres y seis meses, según las versiones de los diversos negociadores, aunque no hay una decisión oficial que haya sancionado la demora.Al margen de la fecha concreta de la firma -que no tiene por qué ser la misma para todas las comunidades-, si el diálogo no tropieza con grandes escollos, los Ejecutivos autonómicos podrán gestionar los centros escolares a partir del curso 1998-1999; es decir, desde septiembre del año que viene. Entre los motivos del retraso destaca el deseo de las comunidades de que el coste de los servicios transferibles (algo más de 800.000 millones de pesetas, según las estimaciones) se base en el presupuesto de 1998, más generoso con la educación que el anterior, ya que se incrementará en un 6%, según el anuncio realizado por la titular de Educación, Esperanza Aguirre.

Fuentes del ministerio consideran prioritario, como primer paso para reanudar la negociación, que las comunidades respondan si están o no de acuerdo con la fotografía de la situación educativa que antes del verano les envió el departamento como base para hablar de las necesidades. La estrategia del ministerio es rehuir las concreciones sobre futuras inversiones o gastos hasta que Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia den una respuesta sobre la situación actual.

Mientras esa respuesta no se produzca, el MEC se reservará sus proyecciones sobre las necesidades de los próximos cinco años, el periodo establecido para distribuir la inversión extraordinaria que requiere la aplicación de la reforma en las 10 comunidades. Esperanza Aguirre ha cifrado esas necesidades en 230.000 millones de pesetas, lo que equivale a 46.000 millones anuales.

Las comunidades no se han pronunciado públicamente, pero algunos de sus responsables estiman en privado que la cifra de 230.000 millones es en principio razonable, siempre que se distribuya adecuadamente entre las 10 comunidades. No obstante, se mantienen a la expectativa por el riesgo de que una mala transferencia pueda provocarles un agujero.

En todo caso, la mayoría ha optado por no exhibir sus propios números para darse a sí mismas un margen negociador, aunque ello provoque la impaciencia del ministerio, cuya titular, Esperanza Aguirre, es partidaria de que los traspasos se firmen lo antes posible.

Los traspasos educativos llevarán aparejada la cesión por parte del Estado del 30% del impuesto sobre la renta, en aplicación del nuevo sistema de financiación autonómica, recurrido precisamente por las dos comunidades socialistas que negocian con el Gobierno: Castilla-La Mancha y Extremadura. El planteamiento inicial del ministerio de que la financiación extraordinaria cargara sobre la recaudación fiscal de las comunidades se da ya por descartado.