Internet y ETA

Cómo informar sobre el terrorismo -esa vieja cuestión replanteada de nuevo con fuerza, entre otras, tras el movimiento popular desencadenado contra ETA y sus cómplices políticos a raíz del asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua, Vizcaya, Miguel Ángel Blanco, hace ahora dos meses- ha seguido mereciendo la atención de los lectores durante el mes de agosto. El correo acumulado sobre la mesa del Defensor del Lector a la vuelta de las vacaciones veraniegas así lo atestigua. En general, las observaciones de los lectores a la columna publicada el domingo 20 de julio con el título ¿Cómo informar del terrorismo? son contrarias al silencio, pero reclaman para el terrorismo y el entorno que lo sustenta un tratamiento informativo, si cabe, más riguroso que para otro tipo de noticias.Pero el tema de hoy está relacionado con la movilización desplegada entre los usuarios de Internet contra la violencia terrorista a raíz, igualmente, del asesinato del concejal de Ermua. De proporciones parejas a la de la calle, esa reacción mereció un artículo de El País Digital por entender que tenía un interés informativo evidente. Pero el artículo que daba cuenta de esa reacción incluía referencias al servidor en el que se alojaba Herri Batasuna (HB), a las propias páginas que allí mantenía HB y a la página de links (enlaces) vascos que ofrecía la propia coalición. El mismo artículo también fue publicado en algunas ediciones de EL PAÍS del 15 de julio con el título Los internautas se movilizan contra ETA. El País Digital retiró poco después esas referencias al constatar que el bombardeo masivo de que estaban siendo objeto los correos electrónicos de los servidores que alojaban páginas de HB y otras direcciones que, por su contenido, podían ser razonablemente calificadas de proetarras provocaba de paso serios problemas al resto de organizaciones y personas que utilizaban el mismo servidor y que nada tenían que ver con HB y el entorno de ETA.

Algunos lectores de EL PAÍS, usuarios de Internet, cuestionaron casi simultáneamente ante el Defensor del Lector el acierto de publicar esas referencias por los efectos indeseables que podrían producir a terceros. Sus observaciones coincidieron con la decisión de El País Digital de retirar las susodichas referencias del artículo en cuestión. Pero, a lo largo del mes de agosto, otros lectores han escrito al Defensor del Lector refiriéndose a este tema. Uno de ellos, Miguel Ángel Diez Ferreira, periodista que redacta un artículo sobre lo sucedido para la revista World, quiere saber qué opina el Defensor del Lector de todo ello. El Defensor del Lector opina como Mariló Ruiz de Elvira, responsable de El País Digital, que ordenó la retirada de todas las referencias al servidor de HB y a sus diferentes buzones electrónicos en el instante mismo que se comprobó que el bloqueo de ese servidor impedía también el acceso a páginas absolutamente ajenas a ETA y su entorno. Y ello en virtud de la elemental consideración de que EL PAÍS ni ninguno de sus productos pueden constituirse, ni siquiera indirectamente, en inductores involuntarios ni aun de una forma de violencia meramente informática, que en este caso propiciaba, además, que pagasen justos por pecadores. Es cierto que otros medios de comunicación informaron también sobre el servidor que alojaba a HB. Pero ninguna de esas informaciones alcanzó la repercusión de la de El País Digital, debido, seguramente, al gran número de usuarios de Internet que contactan diariamente sus servicios.

La "bomba virtual", o mailbombing, por la actitud que revela en el que la lanza de hacer daño a la información o al servicio, no debe usarse ni siquiera contra quienes utilizan bombas de verdad en la vida real o apoyan estos métodos criminales para imponer sus objetivos políticos. Javier Solá, director de la Asociación de Usuarios de Internet, al que el Defensor del Lector ha solicitado una reflexión sobre el tema, subraya que "también en Internet es posible ser violento". "Los cócteles mólotov", añade, "son reemplazados por otros tipos de bombas virtuales destinadas a dañar la información o paralizar los servicios o el funcionamiento interno de la víctima. La filosofía del terrorismo electrónico es la misma: creer que la violencia es una forma válida de expresar opiniones; el conocido principio de te vas a enterar. La pena es que no sólo los malos. de la vida realcaen en la tentación del terrorismo cibernético; también pecan internautas que en la vida real no serían capaces de matar una mosca". Y Mariló Ruiz de Elvira matiza, por su parte, que "lo mismo que ha ocurrido con la publicación de los correos electrónicos del servidor que tenía alojadas páginas afines a ETA, que se ha visto bloqueado por mensajes de protesta, puede suceder con aquellos servidores que ofrecen pornografía, apologías racistas o recetas para fabricar artefactos explosivos. La responsabilidad es, sin duda, de las, empresas que se prestan a albergarlas, y contra ellas pueden proceder los tribunaless de justicia. El problema está en que, al quedar bloqueado el servicio, se paraliza el acceso a todas aquellas páginas que nada tienen que ver con esas ofertas. Y aquí reside nuestra responsabilidad como usuario! de Internet, ya que, evidentemente, dañamos a organismos, empresas y particulares ajenos a actividades delictivas".

Lo sucedido ha servido, sin duda, para aclarar responsabilidades en el mundo de Internet. A partir de ahora ya no podrá alegarse desconocimiento sobre a quiénes albergan algunos servidores o con quiénes se codean algunos usuarios de la red. Un lector de San Sebastián señala que la página de la que informó El País Dígital era "un directorio de recursos vascos de Internet". Sí, pero con direcciones proetarras en su interior. Javier Solá hace una atinada reflexión sobre el carácter de "elemento clave de la democracia" que ha ido adquiriendo Internet. "En entornos democráticos", subraya el directivo de la Asociación de Usuarios de Internet, "todo el mundo tiene el derecho a expresar sus creencias en público. Con Internet no sólo se tiene el derecho, sino también la posibilidad física de hacerlo a un coste razonable. La desventaja de esta gran herramienta es que también posiciones extremistas -que normalmente no encuentran eco en nuestros medios de comunicación tradicionales- pueden utilizar este nuevo medio para intentar diseminar sus creencias. Evitanto entrar en el juego de la violencia (forzar, mediante terrorismo informático, a que se retire la información), existen formas de enfrentarse a esas situaciones, tales como el uso de la ley, la diseminación de información clara y el no hacer publicidad de la existencia de informaciones que consideramos nocivas".

La respuesta de la Asociación de Usuarios de Internet a la existencia de puntos de desinformación en la red tras el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco fue, señala Solá, "el no comentar el tema, a la vez que añadíamos un lazo azul a nuestras páginas". "Los lectores de nuestras páginas en Internet", concluye, "saben lo que pensamos... lo siguen sabiendo... pero hace tiempo que han olvidado que, en algún lugar de Internet, existen informaciones desde un punto de vista contrario, porque nosotros, y muchos más, hemos ejercido el derecho a olvidarlo".Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector o telefonearle al número 91 / 337 78 36.