La juez archiva la causa contra CELSA porque Hacienda no probó que había delito fiscal

El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Rubí (Barcelona) ha ordenado el sobreseimiento libre de la querella que el ministerio fiscal interpuso contra los hermanos Rubiralta, propietarios de Compañía Española de Laminación (CELSA) como supuestos autores de un delito fiscal en la venta de una filial. La juez Isabel Aranda considera que la querella, que incluía voluminosas sanciones valoradas por el Ministerio de Economía y Hacienda en torno a 10.000 millones, no merece ser admitida por no existir suficientes indicios contra los querellados.

Hacienda había interpretado la operación de la venta de la empresa Esteban Orbegozo a Marcial Ucín, a través de dos sociedades de CELSA (Nervacero y Noudal), como irregular porque las vendedoras habían compensado pérdidas con los beneficios de la venta.El auto que archiva la querella contra los Rubiralta expone: "Si no hay ocultación de bases imponibles, no podemos hablar de engaño en la actuación de los querellados, siendo este, el engaño, el elemento rector de los delitos de defraudación".

Diligencia necesaria

En otro momento el auto considera que "más bien parece un despropósito, que una operación que se tuvo por existente en el momento de liquidar el impuesto de sociedades de la compañía a la que se aportaron las acciones (Nervacero), se repute por absolutamente simulada a los efectos de considerar que la sociedad aportante (CELSA) experimentó la plusvalía que habría resultado de vender directamente las acciones a una tercera compañía (Marcial Ucín), entre otras cosas aparece la contradicción con la doctrina del Tribunal Constitucional de que unos mismos hechos no pueden existir y no existir al mismo tiempo para diversos órganos del Estado y es que ya lo decía el filósofo: el ser es y el no ser, no es".

También considera el auto que los querellados pusieron la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios en 1991, que es el ejercicio cuestionado por Hacienda y en el que se apreciaba un presunto delito fiscal. CELSA defendía que la operación de venta de Orbegozo se realizó a través de sociedades del grupo, cuyo único accionista era la propia empresa y que, además, tienen actividad conocida y demostrada hace años.

CELSA estaba representada por los abogados Luis Cortés y los penalistas Horacio Oliva y Antonio González Cuellar, cuyos argumentos ante la Agencia Tributaría son considerados por la juez.

Fuentes próximas a la compañía elogiaron la actitud del Consejo de Defensa del Contribuyente que solicitó diversos documentos a la Agencia Tributaría a instancias de CELSA. De igual manera, también significaron que la Fiscalía de Barcelona incorporó a su declaración "elegantemente" los documentos de ese Consejo.CELSA, que controlan la familia Rubiralta, es una empresa cabecera de unos de los primeros grupos siderúrgicos españoles y agrupa a sociedades como Global Steel Wire (resultante de la fusión entre Trenzas y Cables de Acero (Tycsa) y Nueva Montaña Quijano. La facturación del grupo supera los 150.000 millones de pesetas y cuenta con una plantilla de 3.000 personas. Su desarrollo y expansión se ha basado en la compra continuada de empresas.