El Gobierno 'resucita' el INI para acelerar las privatizaciones

El Gobierno ha resucitado el antiguo INI. El Consejo de Ministros aprobará hoy la agrupación de todas las empresas públicas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industrial (SEPI). La medida permite desengachar de los Presupuestos Generales a las empresas en pérdidas, agrupadas en la Agencia Industrial del Estado (AIE), que desaparece. La SEPI creará un fondo de 900.000 millones que permitirá financiar esas empresas. El PSOE y los sindicatos lo interpretan como "un artificio contable" para reducir el déficit público y una operación para sanear empresas y facilitar su privatización.

El decreto, que reconoce por primera vez por escrito que la modernización del sector público industrial tiene "como objetivo último la salida de la órbita del Estado de toda la cartera industrial del mismo", establece la supresión de la AIE y persigue precisamente la liquidación del sector público industrial. La AlE reúne a las empresas públicas en pérdidas. La SEPI, ahora constituida por las empresas con beneficios o con futuro, absorbe sus participaciones accionariales, bienes, derechos y obligaciones y se hará cargo de sus pérdidas, en tomo a los 180.000 millones en 1997.Es volver a la figura del desaparecido Instituto Nacional de Industria (INI), aunque desenganchado de los Presupuestos. Por ello puede perder control parlamentario, aunque deberá remitir a las Cortes la misma información que la que las empresas que cotizan en Bolsa están obligadas a presentar a la Comisión de Valores.

Las empresas participadas no podrán recibir subvenciones, avales ni subrogaciones de deuda, ampliaciones de capital ni cualquier otro tipo de aportaciones" públicas. En cambio sí permite un endeudamiento externo a las empresas con pérdidas, extremo que estaba prohibido por una ley de 1995. Pero serán las empresas rentables de la SEPI las que aporten la mayor parte de los recursos. De hecho, "durante los ejercicios de 1997 y 1998, la SEPI dotará con los ingresos derivados de sus operaciones de todo orden sus fondos propios hasta la cantidad de 900.000 millones, sin perjucio de atender los compromisos exigibles de la deuda histórica del extinto INF". Ese fondo se nutrirá de las privatizaciones, sobre todo de la inminente venta del 33% de Endesa, la joya de la corona, en el próximo trimestre. Es decir, que la SEPI -como lo hiciera el INI- volverá a depender del grupo eléctrico para cubrir las necesidades de esas empresas.

Criticas sindicales

La operación deshace el proceso puesto en marcha por Juan Manuel Eguiagaray, ex ministro de Industria socialista. Eguiagaray afirma rotundamente que el Ejecutivo pretende "una financiación opaca para que no se apunte al déficit público las pérdidas de las empresas públicas, reduciendo los controles presupuestarios y dejando manos libres al Gobierno". En su opinión se trata de "un artificio contable", para ocultar que el dinero de las privatizaciones se utiliza para reducir el déficit, mecanismo no permitido por la UE. Eguiagaray cree que, de esta forma indirecta, se rebaja el déficit al retirar de los Presupuestos las Pérdidas de varias empresas.

CC OO y UGT también denuncian la falta de transparencia. Ignacio Fernández Toxo, líder del metal de CC OO, cree que, además de reducir contablemente el déficit, "se pretende reducir las cargas de las empresas, retirando de las cuentas de explotación cargas como los fondos de pensiones, para facilitar su privatización". Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT, cree que la parte negativa es que el Gobierno quiere hacer las privatizaciones "unilateralmente".