El enemigo principal

La Sala Segunda del Supremo rechazó anteayer el recurso de súplica del PP contra un auto dictado por ese mismo tribunal el pasado mes de julio; la resolución impugnada excluía de la lista de imputados en el caso Filesa a diez personas (entre otras Guillermo Galeote, ex responsable de finanzas del PSOE) acusadas por los populares de haber participado en las operaciones de financiación irregular de los socialistas investigadás en el sumarlo. El trámite de súplica no habría tenido mayor importancia de no ser porque los recurrentes esgrimieron el aventurado argumento de que la decisión del Supremo descansaba sobre la falsificación de la cita de una sentencia del Constitucional.Al denegar el recurso, la Sala Segunda afirma rotundamente que su anterior auto "no ha tergiversado, no ha manipulado, ni ha distorsionado" resolución alguna del Constitucional. Si bien la cita en cuestión no quedó transcrita fielmente por culpa de un corrimiento de su entrecomillado (una lamentable negligencia del ponente José Augusto de Vega), el' breve inciso se limitaba a ilustrar los fundamentos jurídicos del auto y no resultaba incongruente con el motivo genérico aducido para rechazar el escrito de acusación del PP: la indefensión de los justiciables no puede ser achacada al tribunal cuando es causada por la pasividad, el desinterés, la negligencia, el error técnico o la impericia de sus defensores. En cualquier caso, las razones de que la polémica en torno a la cita del Constitucional incorrectamente transcrita desbordara los espacios de la crónica ordinaria de tribunales y pasara a ocupar las primeras páginas de los periódicos no fueron jurídicas sino políticas. Así lo prueban tanto el papel desempeñado por el partido del Gobierno en la presentación y tramitación del recurso de súplica como las acusaciones lanzadas por el secretario general del PCE contra José Augusto de Vega (tachado de "presunto delincuente") y sus compañeros de Sala (motejados de "corruptos").Todo empezó con el escandaloso despliegue realizado a mediados de agosto por el diario- El Mundo en torno a ese incidente procesal menor, transformado artificiosamente en un escándalo político de altos vuelos; los objetivos últimos de la manipulación informativa permiten adivinar la larga mano de Mario Conde, en libertad bajo fianza a la espera de que la Sala Segunda del Supremo resuelva el recurso de casación -con el magistrado José Augusto de Vega como ponente- interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó a seis años de prisión en el caso Argentía Trust. Pero si el diario El Mundo, utilizado en 1995 por el ex banquero para chantajear a las instituciones del Estado mediante la controlada filtración de los papeles del Cesid, sirvió de fulminante para el castillo de fuegos artificiales veraniego de la supuesta cita tergiversada, la pirotecnia posterior corrió a cargo de Anguita, colocado siempre en el lugar y el momento oportunos para cumplir las tareas serviles que el Gobierno del PP y su órgano periodístico le encomiendan.

No sólo el Supremo pinchó anteayer el globo de la sentencia del Constitucional imaginariamente manipulada en beneficio de los socialistas; además, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial dictaminó ayer que las acusaciones de Anguita contra la Sala Segunda constituyen imputaciones desmesuradas, "exceden con mucho los límites admisibles de la crítica" e implican "un grave daño para la credibilidad" de los tribunales. El monumental embarque de que ha sido objeto el secretario general del PCE a manos de sus aliados y mentores no le producirá, sin embargo, mayores disgustos: su simulado martirio como nuevo San Sebastián asaetado por las flechas corporativistas del Poder Judicial cuadra con la airada gesticulación antisistema que suele utilizar Anguita para ocultar su connivencia de fondo con el Gobierno en el propósito común de transformar al PSOE en su enemigo principal.