Cascos arremete contra el PSOE y frustra las espectativas de un pacto sobre la justicia

La denuncia formulada ante la Unión Europea por los fiscales progresistas contra los abusos del Gobierno de José María Aznar en materia de justicia desató ayer las iras del, Ejecutivo, que ve en la iniciativa la mano del PSOE. La "reacción destemplada" del vicepresidente Álvarez Cascos supone en la práctica que otro asunto de Estado pase a engrosar, hoy por hoy, la lista de temas de imposible consenso. Los populares acusan al primer partido de la oposición de estar detrás de la queja de la Unión Progresista de Fiscales, según la cual Aznar utiliza al ministeriofiscal en beneficio de "intereses particulares". Cascos aprecia un "aItísimo grado de coincidencia entre los móviles políticos de ese colectivo con los del PSOE". La respuesta llegó, de inmediato: "Ellos son los conspiradores. Este Gobierno practica golpismo judicial y violenta la independencia de la justicia".

El presidente del Gobierno, José María Aznar y el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia se habían emplazado para reunirse en septiembre para hablar de la Justicia. Fue uno de los acuerdos que tomaron en su reunión del mes de julio. Ya entonces ambos políticos se intercambiaron aguijonazos, según conocedores del contenido de la entrevista, que hacían pensar en la dificultad de ponerse de acuerdo sobre esta cuestión. Ayer afloraron abiertamente las diferencias.Aunque el presidente del Gobierno pretende no entrar hasta la próxima semana en este "ridículo" asunto, su vicepresidente primero, Francisco Alvarez Cascos, se le ha anticipado con un redoble de declaraciones en las que acusa al PSOE de estar detrás de la denuncia de los fiscales. En la carta que la UPF ha dirigido a la UE hay, según Cascos, "evidentes móviles políticos que están en sintonía con otros móviles políticos de un partido, el Partido Socialista, con el que, por lo que se ve, hay un alto grado de sintonía". El vicepresidente, en sendas entrevistas a la agencia Efe y a la Cope, alabó la gestión del actual fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, a quien considera "el más profesional que ha habido nunca, un profesional de los pies a la cabeza", y aprovechó para desprestigiar a los anteriores nombrados por el Gobierno de Felipe González: "...el señor [Javier] Moscoso, que había sido ministro con el Gobierno socialista y que aportó una larga tradición política; el señor [Leópoldo] Torres, diputado y candidato frustrado a la presidencia del Senado, y don Eligio Hernández, delegado del Gobierno por decisión política del Consejo de Ministros".

"Sorprende mucho que cuando al frente de la Fiscalía General hay un profesional que no ha tenido compromiso político se denuncie al Gobierno por injerencia", añadió Cascos, quien insistía: "El PSOE se ha quedado sin argumentos y ahora busca la estrategia del descrédito del Gobierno en las instituciones europeas, estrategia en la que coincide con algún otro aliado mediático".

Desde el lado socialista la respuesta fue muy dura al considerar "inadmisible" que se les acuse de estar detrás de la denuncia de la Unión Progresista de Fiscales. Álvaro Cuesta, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista,

fue el encargado en el Parlamento de interpelar a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, sobre el nombramiento del nuevo. fiscal y todo lo relacionado con la crisis de la Audiencia Nacional. Ayer se disparó: "El señor vicepresidente, quizá por una calentura propia de la época estival, reacciona de manera destemplada y nos acusa de estar detrás de las iniciativas de fiscales. Cree el intrigante que todos son de su condición. Es este Gobierno el que practica una suerte de golpismo judicial".En septiembre, el Gobierno y el PSOE se verán las caras en el Parlamento sobre esta cuestión, según recordaba ayer el portavoz socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. En su opinión, el Ejecutivo está llegando, "demasiado lejos" en sus "tics autoritarios". "Las asociaciones profesionales de los fiscales, la conservadora y la progresista -por tanto, la más lejanas al PSOE también-, han criticado muy duramente las actitudes de este Gobierno", añadió Rubalcaba. El PSOE exige al PP que "respete la profesionalidad del ministerio fiscal y, sobre todo, que respete la legalidad".