Los fiscales progresistas denuncian ante la UE las injerencias, del Gobierno en el ministerio fiscal

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha denunciado ante la Unión Europea la intromisión y el intento de control del ministerio fiscal por parte del Gobierno mediante la ·"destitución arbitraria" de cargos de responsabilidad en la Fiscalía y su sustitución por personas, afines al PP. Según la UPF, el Ejecutivo busca instrumentalizar la institución fiscal en el sentido que convenga al partido gubernamental con el fin de controlar los procesos que se siguen en la Audiencia Nacional, entre los que se encuentran los de terrorismo de Estado y los sumarios contra los gestores de cadenas de televisión privada, que repercuten "en la contienda política por el control de los medios de comunicación".

La denuncia, firmada por el miembro de la Fiscalía Anticorrupción y presidente de la UPF, Carlos Castresana, ha sido enviada al presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, y al del Parlamento Europeo, José María Gil Robles. En ella, la UPF explica que su única intención es dar a conocer a la Comisión la actual situación del ministerio fiscal en España, para. que "cesen las intromisiones de naturaleza e intencionalidad política" y se requiera del Gobierno español medidas que garanticen la autonomía de la institución."Desde la victoria electoral en España del Partido Popular, el Gobierno de Aznar ha adoptado una serie de disposiciones" que, según los fiscales de la UPF, "vulneran claramente las disposiciones de la ley española, suponen una intromisión grave en la autonomía funcional del ministerio fiscal y, en consecuencia, constituyen una seria amenaza y una agresión continuada a la independencia de los tribunales de justicia".

Los fiscales recuerdan que la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, perteneciente a la asociación conservadora de jueces, sustituyó de inmediato al fiscal general Carlos Granadós y nombró en su lugar al presidente. de la asociación conservadora de fiscales, Juan Ortiz Úrculo, quien a su vez fue sustituido por Jesús Cardenal, perteneciente a la misma asociación.

El cese de Aranda

"Los intentos gubernamentales para controlar al ministerio fiscal, habida cuenta de la prohibición legal de darle órdenes, se han producido mediante la sustitución de las personas que ocupan cargos de responsabilidad, explican los fiscales de la UPF, que además de la sustitución del fiscal general por dos veces en menos de un año, presentan ante la Comisión el caso de la destitución del fiscal jefe de la Audiencia Nacional José Aranda.

Previamente, recuerdan que la Audiencia Nacional es un tribunal especial, que tiene la competencia exclusiva sobre delitos de terrorismo y en el que actualmente se tramitan sumarios "de particular trascendencia política y general", como los relativos al terrorismo de Estado y los abiertos a gestores de las empresas concesionarias del servicio público de televisión privada.

Tras detallar la "arbitraria" destitución de Aranda -integrante de la conservadora Asociación de Fiscales, no de la UPF- sin expediente disciplinario, y por tanto sin posibilidades de defensa, explican su sustitución por el fiscal jefe Eduardo Fungairiño, decisión que consideran "manifiestamente ilegal" al no haberse contado, como es preceptivo, con el informe del Consejo Fiscal, y estando Fungairiño sometido a expediente de traslado forzoso.

"Lá actuación del Gobierno ha producido la protesta unánime y sin precedentes de la mayor parte de las fiscalías de España, incluida la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo; la dimisión en bloque de todos los fiscales de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General y el acuerdo unánime, por primera vez, de las dos asociaciones profesionales para impugnar el nombramiento de Eduardo Fungairiño ante los tribunales de justicia".

Lejos de inquietar al Gobierno, continúa la carta, estas actuaciones han merecido comentarios "profundamente antidemocráticos" de "censura y mernosprecio- de sus responsables, "incluidas las risas ante la televisión pública del presidente Aznar, que pretendió así ridiculizar y minimizar el conflicto", denuncian los fiscales.

Todo este "cúmulo de vulneraciones de la legalidad vigente", según la UPF, fundamenta la sospecha de que el Gobierno del PP "pretende instrumentalizar al ministerio fiscal español en el sentido que resulte conveniente a sus intereses particulares; y que éstos no tienen por qué coincidir con el interés general".

A la situación descrita, los fiscales añaden el "bloqueo", desde 1906, de la convocatoria de la jefatura de la Fiscalía Antidroga, a la que se ha añadido, desde hace' varios meses, la Fiscalía del País Vasco, que tras el nombranúento de Cardenal sigue retenida sin ser sacada a concurso.

"Declaraciones vejatorias"

Por último, denuncian las "reiteradas declaraciones" de miembros del PP que consideran "vejatorias", así como una actuación de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y del anterior fiscal general, Ortiz Úrculo, que aceptaron participar como invitados en un curso universitario dirigido por Ignacio Gordillo, uno de los fiscales de la Audiencia Nacional sometidos a expediente disciplinario.

Expertos en derecho comunitario de Bruselas han adelantado que la Comisión Europea no tiene competencias para atender la denuncia de la UFP, informa . El portavoz de la Comisión, por su parte, prefirió no pronunciarse hasta leer la carta. "No tengo constancia de que haya llegado", señaló.

El problema de la denuncia es que no se refiere al incumplimiento de leyes europeas. La carta afirma que las decisiones del Gobierno Aznar "vulneran claramente las disposiciones de la ley española" y eso, señalan los expertos de Bruselas, es competencia del Tribunal Constitucional español, pero no del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Para que la Comisión actuara contra España, el Gobierno debería haber violado las leyes comunitarias'. "Las garantías para que el ministerio fiscal español tenga una verdadera autonomía no dependen de Bruselas", reiteraron esas fuentes. Distinto sería si los fiscales apelaran al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, y sin relación con las instituciones comunitarias. En ese caso sí se podría obtener una condena política.