El atajo de la arbitrariedad

En una reflexión de carácter general sobre la sociedad española con ocasión de una intervención parlamentaria en 1904, Antonio Maura identificó como uno de los peores vicios del país la falta de respeto por el derecho y la tendencia de los poderes públicos a deslizarse por lo que él calificaba como "el atajo de la arbitrariedad". En el mundo del derecho no valen los atajos, añadía Maura, y cuando se recurre a ellos el remedio suele acabar siendo peor que la enfermedad.Tras casi 20 años de vigencia ininterrumpida de la Constitución y tras más de 10 de integración en la Unión Europea (y tras todo lo que ha llovido en el país desde 1904), parece que cabía esperar que la tentación de sucumbir a la arbitrariedad, que nunca puede desaparecer por completo, sí habría quedado al menos reducida a límites compatibles con la existencia. de una democracia digna de tal nombre.

Poco más de un año después de la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno hay indicios más que preocupantes de que la derecha española vuelve a las andadas y de que nos estamos deslizando de nuevo por "el atajo de la arbitrariedad".

Y de que nos estamos deslizando, además, de la peor de las maneras posibles. Pues la arbitrariedad en el ejercicio del poder no se está circunscribiendo a la esfera pública, sino que se está extendiendo también a la esfera privada.

Mal está que se haya puesto al frente de RTVE a quien se ha puesto. Mal está que se haya puesto a Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Mal está que el portavoz del Gobierno amenace a empresarios privados. Mal está que se haya aprobado un decreto-ley para "castigar" a un grupo de comunicación "incómodo". Mal está que se haya aprobado una ley contra la advertencia de la Comisión Europea de que viola Derecho Comunitario. Mal está que se aprueben normas retroactivas sabiendo que no pueden no ser anticonstitucionales.

Todo esto está mal. Pero no es nada comparado con la "politización" de Telefónica evidenciada en la compra de Antena 3.

El Estado democrático descansa en una regla no es crita, mucho más importante que las reglas escritas, por que es el fundamento de todas ellas. Se trata de la separación del poder político de la propiedad privada. Aquí radica la superioridad, tanto moral como funcional, de la democracia sobre todas las demás formas políticas conocidas. Ni un Gobierno puede tomar partido por una estrategia empresarial frente a otras ni una decisión empresarial puede estar al servicio de la estrategia de un partido político frente a otros. La estrategia política y la empresarial tienen que ser autónomas. No pueden confundirse. Cuando este límite se traspasa, se afecta al núcleo esencial de la sociedad democrática.

Éste es el límite que el Gobierno no ha tenido empacho en traspasar. Tras comprobar que ni con "juicios políticos" en la Audiencia Nacional ni con leyes digitales o futbolísticas aprobadas con la ayuda de IU consigue ganar una guerra que, por lo demás, nadie le ha declarado, José María Aznar ha decidido pasar el Rubicón que nunca se debe pasar en democracia: utilizar una: empresa, recién privatizada y todavía dependiente por vías indirectas del BOE, para perseguir objetivos políticos exclusivamente partidistas.

¿Nadie se ha parado a pensar en las consecuencias que puede tener para España la "politización" de una compañía como Telefónica? ¿Se va a seguir el mismo camino con Endesa?