Exculpados los cuatro jóvenes que prendieron fuego a un indio en Brasil

Un juez federal en Brasilia ha decidido exculpar de asesinato a los cuatro jóvenes acusados de rociar a un líder indio con gasolina y prenderle fuego, al estimar que no tenían intención de matarle. El fallo ha desatado la ira de los activistas de derechos humanos, que insisten en que muestra cómo la clase media alta y los políticos disfrutan de impunidad. Uno de los acusados es hijo de un juez federal y el padrastro de otro era juez del tribunal electoral.La víctima, Galdino Jesus dos Santos, de la tribu de los pataxo en el sur de Bahía, había viajado a Brasilia en abril para participar en la más importante manifestación en favor de los derechos de los indígenas que ha conocido el país. Al no poder encontrar su hostal después de la manifestación, Dos Santos, de 44 años, se quedó dormido en una parada de autobuses, donde los jóvenes le hallaron y prendieron fuego, según el fiscal.

Aunque los cuatro jóvenes -Max Rogerio Alves, Antonio Novely Cardoso de Vilanova, Tomas Oliveira de Almeida y Eron Chaves de Oliveira- y un menor de edad que no ha sido identificado reconocieron que habían prendido fuego a Dos Santos, sus abogados argumentaron que estaban jugando y que no se daban cuenta de las consecuencias de sus acciones.

El fuego no suele matar

La juez, Sandra de Santis Mello, estuvo de acuerdo con esta teoría. "Por muy innoble que fuera el irresponsable comportamiento de los acusados, no deseaban, la muerte de Galdino", sentenció la juez el martes. "El fuego puede matar, que es lo que ocurrió, pero sin duda, eso no es lo que pasa normalmente".

Los informes de la policía y de ocho testigos cuentan que, al ver a Dos Santos durmiendo, los acusados fueron a una gasolinera y compraron dos litros de gasolina. Después rociaron al durmiente con el líquido y le tiraron una cerilla. A continuación, huyeron en coche. Los testigos apuntaron la matrícula del vehículo y la policía inició pesquisas que acabaron con la localización y detención de los chicos.

Paulo Machado Guimaraes, uno de los abogados que representan a la familia de la víctima y coordinador del Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Brasil, calificó la decisión de la juez de "completamente absurda". "Sirve a los intereses de una clase particular en la sociedad", explicó, "y el país lo ve muy claramente".

José Gregori, el secretario federal de Derechos Humanos, manifestó que estaba de desacuerdo con la decisión de la juez y que esperaba que fuera anulada en apelación.

La fiscal, María José Miranda Pereira, juró que apelará la decisión de la juez de reducir los cargos de asesinato a daño físico, acusación que lleva una sentencia de ocho meses a dos años después de las reducciones automáticas.