La ministra de Justicia imputa a la presión social el proyecto de rebajar la edad penal

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, dejó entrever ayer que la presión social es lo que ha inducido al Gobierno a proyectar la rebaja de la edad penal -de 18 a 16 años- para los supuestos de delitos más graves, entre ellos los vinculados al terrorismo. Comentó que el Gobierno pensó que una ley de justicia del menor no podía conllevar unas medidas "tan blandas" como las previstas para los jóvenes comprendidos en el tramo de 16 a 18 años. Este proyecto ha suscitado duras críticas entre los juristas y los partidos políticos.

La responsable de Justicia comentó las declaraciones de la diputada del PP Bernarda Barrios, ponente del anteproyecto de la ley del menor, que ha pedido al Gobierno que reconsidere la rebaja de la mayoría de edad penal para casos de terrorismo dada su posible inconstitucionalidad. Para Mariscal de, Gante, esta cuestión no es "indiscutible", pero le parece que considerarla inconstitucional resulta "excesivo".Añadió que se han relacionado indebidamente las medidas antiterroristas que quiere tomar el Gobierno con el respaldo de los partidos políticos a la ley del menor, y que como ésta aún está en fase de anteproyecto, todavía no se ha cerrado su discusión.

Sobre las críticas de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la ministra recordó que se trata de un órgano colegia do y que las opiniones de los vocales por sí mismas no pertenecen al Consejo. También explicó que se escuchará el informe "no vinculante aunque preceptivo" que emita el CGPJ sobre- el anteproyecto de la ley y se tendrán en cuenta sus sugerencias, como se ha hecho con todos los proyectos que ha mandado el Gobierno.Ante la avalancha de críticas por las reformas del Código Penal que proyecta el Gobierno, la ministra señaló que no es un "empeño" del Ministerio mantener la propuesta y anunció que se llevarán a cabo las reformas que consigan el mayor consenso entre los partidos políticos. "Es público que no existe ese consenso para la reforma respecto al cumplimiento íntegro de las penas", dijo. De esta forma, explicaba que el apoyo electoral no permite cumplir este compromiso que aparecía recogido en el programa del PP.Mariscal de Gante considera "lógico y natural" que su antecesor en el cargo, el socialista Juan Alberto Belloch, califique su gestión "con un cero". Añadió que sólo hace falta acudir a las hemerotecas para recordar cómo fue el mandato del ex ministro y cuál fue la relación entonces entre el Gobierno y el ministerio fiscal.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que se le conceda al ex guardia civil Felipe Bayo la condición de arrepentido, tras implicar al general Enrique Rodríguez Galindo en el secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, Mariscal de Gante argumentó que en la legislación española no aparece la condición de arrepentido, que es, una figura robada de la ley italiana. Por tanto, no es posible aplicar esta condición a Bayo, aunque "otra cosa es que los jueces modifiquen su situación penal". Además, se mostró en contra de las filtraciones del sumario en la prensa porque "cuando es secreto, lo es incluso para las partes".