Sin novedad en Melilla

MÁS DE ochocientos inmigrantes africanos se amontonan en Melilla buscando poder cruzar el Estrecho con los papeles en regla. Lo lamentable no es sólo que distintas organizaciones no gubernamentales hayan denunciado que las autoridades mantienen a estos ilegales sin suficiente comida, agua y camas. Lo lamentable es que se trata de una noticia repetida desde 1991. Un drama convertido en rutina.La situación de estas personas, que lo son aunque no reciban trato de tales, es una vergüenza, y así deben asumirlo las propias autoridades cuando se plantean abrir en noviembre un nuevo albergue; pero el hecho de que su capacidad prevista sea de 300 personas, 500 menos de las que ahora mismo serían necesarias, indica que es una vergüenza matizada.

Algún sentimiento de este tipo deben sentir las autoridades por la situación de esas personas cuando han ordenado retirar de su improvisado campamento, en el centro de la ciudad, a los argelinos que se instalaron allí tras los incidentes registrados en el Lucas Lorenzo. Pero es bien significativo que el motivo de la iniciativa haya sido el deseo de no dar mala imagen a los participantes en las regatas de la Semana Náutica, que se celebra estos días.

El problema de los inmigrantes se plantea en dos niveles: su legalización o expulsión, tema que se enmarca dentro de la conflictiva administración de los cupos de admisión de extranjeros; y el de su atención humanitaria mientras esperan a que se solucione su situación legal. En este segundo aspecto, es incomprensible que un problema que se repite desde hace seis años siga sin una solución. Es ilógico que se sepa organizar la compleja infraestructura para ordenar el paso legal de miles de ciudadanos africanos por el Estrecho todos los veranos y no la infraestructura mínima de acogida para unos cientos de ilegales. Si a algún funcionario se le ha ocurrido que tal vez con un trato más vejatorio "vendrían menos", no sólo estarla exhibiendo una mentalidad miserable, sino demostrando escasa inteligencia: un maltrato institucional nunca será disuasorio para unas personas que abandonan su país huyendo de la miseria.

Servicios médicos insuficientes, 500 raciones de comida para 800 seres -que, además, puede provocar rechazo por dudas religiosas-, agua insalubre... dibujan un castigo a unos inmigrantes ilegales que no está contemplado en ninguna ley. El año pasado, el Gobierno español tenía un problema similar y lo "solucionó", en palabras de Aznar, repatriándolos en un avión y drogando a los pasajeros para evitar cualquier resistencia. El catálogo de soluciones del Gobierno a este permanente problema es penoso.

La situación de Ceuta y Melilla se complica por la inhibición marroquí a la hora de controlar la permeabilidad de su frontera, un auténtico aliviadero de la presión social interior. Por otra parte, la custodia eficaz de la misma supondría para el país vecino el reconocimiento de hecho de la soberanía española sobre estas dos comunidades. La gestión diplomática, por tanto, debe estar en la primera línea de las actuaciones para evitar la formación de estas penosas bolsas humanas.

Este desolador panorama lo redondea la figura de los desaprensivos para quienes la miseria sólo es motivo de negocio y se dedican al transporte ilegal de estos inmigrantes, a quienes cobran sin escrúpulos para un viaje clandestino a ninguna parte. Esta semana han sido detenidos dos feriantes en Ceuta por este motivo. A veces, esta carga humana escondida por los rincones más inverosímiles de un camión se advierte más tarde y más dramáticamente: un accidente mortal descubre los cuerpos de unos cuantos infelices. Traficantes de hombres, autoridades ineptas, dudosos intereses gubernamentales... En este trágico asunto hay muchos culpables. Todos, menos unas personas que buscan como pueden un horizonte más vivible.