La Audiencia reabre los sumarios de los deportados

La Audiencia Nacional comenzó ayer a reabrir los sumarios en los que están implicados Eugenio Etxebeste, Antxon, e Ignacio Aracama Mendía, Makario. Fuentes judiciales confirmaron que el tercero de los etarras expulsados de Santo Domingo, José María Gantxegi, Peio, no tiene causas pendientes en esa jurisdicción. El juez tendrá que examinar el atestado policial antes de decidir sobre la situación del presunto etarra. Los tres se han negado a declarar ante la policía.Los medios informativos esperaron ayer en vano a que la Fiscalía de la Audiencia Nacional hiciese pública la relación de procesos en los que están incursos los deportados. Sin embargo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) facilitó una completa relación, según la cual, Antxon únicamente tiene abierto el sumario 2/87 del juzgado central número 1, en el que fue procesado por el juez Carlos Bueren.

Antxon fue procesado en noviembre de 1988 inicialmente por delitos de pertenencia a banda armada y agrupación para delinquir. En 1995, con las declaraciones del ex etarra reinsertado Juan Manuel Soares Gamboa el juez Bueren instó una demanda, de extradición a Santo Domingo en la que le relacionó con la dirección etarra y más específicamente con una orden de cometer atentados cursada poco antes de un atentado que causó la muerte de seis policías en Sabadell.

Según la AVT, Ignacio Aracama, Makario, está procesado en los sumarios 19/83 del juzgado central 1 por el secuestro de Diego Prado y Colón de Carvajal; y en los sumarios del juzgado central 2 números 39/93 por atentado frustrado a un guardia civil; 51/80 por el asesinato del comandante Jesús María Velasco Zuazola; 23/85 por el asesinato del director general del Banco Central Ricardo Tejero Magro, y 42/ 79 por el asesinato del inspector Recio Claver.

Además de estas causas, Makario podría estar relacionado, según la AVT, con los asesinatos de dos policías en Vitoria, de dos guardias civiles en Marquina, (Vizcaya) un intento de atentado contra tres guardias en Salvatierra (Álava) y los del vicealmirante Cristóbal Colón de Carvajal y su conductor, Manuel Trigo. El ministerio del Interior también le atribuye el asesinato del comandante del Ejército Eugenio Lázaro Valle y la voladura de la central telefónica de Ríos Rosas, en Madrid.

Los tres etarras pasarán hoy a disposición del juez Javier Gómez de Liaño ya que el magistrado que había seguido a entrega, Carlos Dívar, ha iniciado sus vacaciones.

El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, manifestó ayer en El Escorial, donde se encontraba impartiendo una conferencia, que la expulsión de los etarras ha sido "un éxito de la política antiterrorista del Gobierno actual".

Por su parte, según informa Europa Press, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Ramón Rodríguez Arribas, calificó la deportación de los etarras a Santo Domingo de "acuerdo político al margen de la ley" y en algunos aspectos "ilegal". El pasado sábado, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, destacó que el confinamiento en Santo Domingo, en 1989, fue apoyado por todos los partidos democráticos, incluido el Partido Popular.